Desaparición de Pablo Jared llega a la ONU
El caso de la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas, quien emitió la recomendación 1891/2024, a través de su Comité Contra la Desaparición Forzada, sin embargo la familia denuncia su incumplimiento por parte del Estado Mexicano.
Janeth Adame, madre de Pablo Jared, dijo que pesar de que el Gobierno de México aseguró haber dado cumplimiento a estas recomendaciones el pasado 8 de octubre de 2024, las acciones realizadas han sido insuficientes y burocráticas.
Comenta que no existe una estrategia de búsqueda efectiva ni una investigación adecuada que contemple la desaparición forzada como una de las principales líneas de investigación. Además, señala que las autoridades han limitado la participación de la familia en el proceso; han omitido peritajes independientes sobre sus pertenencias y no les han garantizado medidas de protección para sus allegados.
Es por eso que el pasado 28 de marzo presentaron un informe ante el Comité de la ONU denunciando la negligencia del Estado Mexicano en este caso. La familia de Pablo Jared exige:
- Una búsqueda inmediata y efectiva bajo la presunción de vida.
- Una investigación seria y diligente que considere la desaparición forzada como principal hipótesis.
- La participación activa de la familia en todas las diligencias y la garantía de su seguridad.
- La realización de peritajes independientes.
- El cumplimiento total de la Acción Urgente 1891/2024 con supervisión internacional efectiva.
- También solicita que el caso sea asumido por la Fiscalía General de la República.
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Migración interna y violencia: el desplazamiento forzado en México
La migración interna en México es un fenómeno que, si bien ha existido históricamente, ha adquirido una dimensión más compleja y trágica en los últimos años
Mientras que tradicionalmente las personas se han desplazado dentro del país por razones como la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o para mejorar sus condiciones de vida, hoy en día existe una migración forzosa impulsada por factores más sombríos: la violencia del crimen organizado y la inseguridad. Para miles de mexicanos, mudarse de su hogar ya no es una opción por el deseo de un futuro mejor, sino una cuestión de supervivencia.
María Guadalupe Estrada Arenas, una víctima del desplazamiento causado por los cárteles, relató su experiencia en una entrevista con Meganoticias: "Está muy pesado en cuestión de delincuencia, el famoso cobro de piso, entonces prácticamente yo estoy huyendo de eso porque estamos siendo perseguidos". Su testimonio refleja el sufrimiento de cientos de miles de personas que huyen del control y la violencia de grupos criminales, que imponen su dominio sobre las comunidades a través de extorsiones, secuestros y amenazas.
De acuerdo con un informe realizado por el colectivo Frontera Sur, junto con varias organizaciones civiles, la situación en muchas regiones de México ha alcanzado niveles alarmantes
Además de las disputas territoriales entre organizaciones criminales, estos grupos han tomado el control de las actividades económicas, las instituciones sociales e incluso de los gobiernos locales. Este dominio ha provocado una crisis de derechos humanos que obliga a las familias a abandonar sus hogares, desplazándose hacia zonas más seguras, pero a menudo no mejores.
En municipios como Las Palmas Altas, en Zacatecas, los habitantes viven bajo un miedo constante, ya que las bandas criminales campan a sus anchas. Un habitante de la zona relató a este medio: "No se puede salir porque tiene uno miedo porque andaban muchos hombres armados, y se llevaron gente? unos resultaron muertos, los encontraron en los forenses y otros andan desaparecidos todavía". Estas palabras reflejan el panorama de terror que viven las comunidades donde la presencia de los grupos armados se ha vuelto una constante.
En 2022, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró 9,602 desplazados internos debido a 25 episodios en siete estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, afectando a 21 municipios y 33 localidades
Chiapas ha sido uno de los estados más afectados por la violencia del crimen organizado. En junio de 2024, el delegado de Protección Civil en Tila, Chiapas, reportó que más de 4,000 indígenas choles fueron desplazados debido a la violencia. Este éxodo masivo ha impactado profundamente a las comunidades indígenas, que, además de enfrentar las dificultades propias de la pobreza y la marginación, ahora deben lidiar con el despojo de sus tierras y la violencia que arrastra consigo el crimen organizado.
Sin embargo, no todo es desesperanza. En municipios como La Trinitaria, también en Chiapas, la situación ha mejorado poco a poco. El alcalde de la zona, en marzo de 2025, informó que al menos 30 familias habían regresado a sus hogares gracias a las medidas de seguridad implementadas y al trabajo conjunto con las autoridades locales.
La comunidad indígena en Chenalhó, Chiapas, ha sido otro de los puntos focales de la violencia criminal
En agosto de 2024, los tzotziles de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en un acto de resistencia, exigieron paz y justicia frente a las autoridades. José Alfredo Jiménez, sobreviviente de la masacre de Acteal de 1997, expresó: "Quienes queremos paz, justicia y vivir, caminar libres y sin miedo en nuestras comunidades, nos hemos organizado para juntar nuestros corazones y palabras y exigirle a los gobiernos que tomen en serio las demandas del pueblo mexicano".
Este tipo de manifestaciones dan cuenta de la valentía y la resiliencia de las comunidades afectadas por la violencia. A pesar del sufrimiento, muchos se niegan a rendirse y luchan por su derecho a vivir en paz, un derecho fundamental que sigue siendo vulnerado por los actores del crimen organizado.
En 2019, el gobierno mexicano reconoció oficialmente la existencia del desplazamiento interno forzoso y se comprometió a desarrollar una respuesta integral
Aunque la magnitud del desplazamiento interno forzoso no ha sido completamente comprendida, el gobierno mexicano, en colaboración con organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha comenzado a tomar medidas para abordar este problema.
A través de diversos censos y encuestas, como el Censo de Población y Vivienda 2020, se ha documentado que, entre marzo de 2015 y marzo de 2020, más de 274,000 personas migraron debido a la violencia y la inseguridad. Sin embargo, los datos obtenidos aún no reflejan la magnitud total del fenómeno, ya que las encuestas no logran capturar el desplazamiento dentro de un mismo municipio y no permiten identificar todas las causas de la migración.
En 2024, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, estimó que más de un millón de personas se desplazaron en 2023 por motivos de inseguridad
Aunque esta cifra refleja el impacto de varios tipos de crimen, el crimen organizado es el principal causante de este fenómeno, dado que las extorsiones, los secuestros y los enfrentamientos entre grupos delictivos han desplazado a miles de mexicanos.
El estudio "La nueva ola: desplazamiento forzado causado por el crimen organizado en Centroamérica y México" distingue dos formas de desplazamiento forzado
El primero, llamado desplazamiento "cotidiano", ocurre debido a las actividades regulares de los grupos criminales. Este tipo de desplazamiento es preventivo y está motivado por la extorsión, el miedo a represalias o la resistencia a unirse a estos grupos. El segundo, el desplazamiento por "disputas", se da cuando los grupos criminales se enfrentan por el control territorial, desplazando a comunidades enteras para debilitar al rival.
El desplazamiento masivo, aunque a veces temporal, puede convertirse en una situación permanente cuando las condiciones de violencia no mejoran. La población desplazada busca refugio en áreas urbanas o en otras regiones más seguras, pero a menudo se enfrenta a la precariedad y la falta de recursos, lo que agrava aún más su situación.
El desafío de atender a los desplazados internos es enorme. Aunque se han implementado algunas medidas a nivel local y federal, como la creación de albergues en zonas de destino o la asistencia técnica del ACNUR, las políticas públicas aún son insuficientes
La historia detrás del feminicidio de Fany
"yo se que aún falta mucha gente en este caso, pues los cómplices de, pues de Diego, pues fueron los que le ayudaron a limpiar la escena del crimen con cloro" dijo una amiga de Estefanía que busca justicia
Estefanía era una joven que estaba por cumplir 22 años, vivía en Xicotepec de Juárez y lamentablemente el 25 de marzo se convirtió en una cifra más en de casos de feminicidios.
En lo que va del 2025 en el estado se tiene registro de 10 feminicidios, 2 de ellos sucedieron en el municipio de Xicotepec, el primero fué el 28 de enero en el hotel "El Cielito", Delia Berenice Domínguez Leal, de 21 años de edad, originaria de Ixtapaluca, fue encontrada sin vida con diversas heridas de con arma blanca.
Y como una mala coincidencia Fany lamentablemente tuvo el mismo final, más de 40 puñaladas fueron realizadas en su contra al interior de una bodega en la colonia La Rivera.
"ellos les habían dicho que Fany se había suicidado, que la habían encontrado colgada, cuando no fue así porque Fany cuando el tío llega pues él se dio cuenta que no había suicidio que la habían matado" dijo una amiga de Estefanía que busca justicia
Cabe mencionar que cuando este caso se dio a conocer, circulaba en redes sociales que el presunto responsable era un sujeto que días antes la había estado acosando, que la seguía y tomaba fotos sin su permiso e incluso llegaba a subirla a redes sociales, no obstante luego de su muerte que se dio a conocer que Diego Alberto, era el presunto culpable.
"el tema es que no, no era él, esa persona que los hostigaba no, no fue él, fue otro hombre, de ese si nunca supe quién fue" dijo una amiga de Estefanía que busca justicia
Desafortunadamente la historia de Fany es compleja, la joven perdió a su mamá en la pandemia y era la única familia que tenía, por lo que se volvió muy cercanas a personas como la amiga que relata su historia, pero también a los tíos de quien presuntamente le arrebató la vida, a ellos les decía papás.
"obviamente les tomó un gran cariño, no ella, los hacía, los sentía como su familia" dijo una amiga de Estefanía que busca justicia
La historia que gira entorno a qué sucedió después de su muerte es aún más macabra, pues luego de haber recibido diversas puñaladas con un arma blanca, se presume que alguien ayudó al feminicida a limpiar la escena del crimen.
"les llegó un olor a pues a cloro, y cuando yo llego pues a ver la escena no había una gota de sangre" dijo una amiga de Estefanía que busca justicia
Ante esto amigos de Fany consideran que son al menos 6 personas más involucradas en el crimen por lo que esperan que las autoridades actúen de forma inmediata y que el caso no sea uno más al que le dan carpetazo.
LÍNEAS DE WHATSAPP: ATENCIÓN PSICOLÓGICA: 222 356 4020 Y ASESORÍA JURÍDICA: 222 360 5590
ASESORÍA PSICOLÓGICA Y/O JURÍDICA GRATUITA LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA: 911 TELMUJER O EN LA LÍNEA DIRECTA: 222 232 3738
Lydia Cacho ganó apelación contra Mario Marín
La periodista Lydia Cacho dio a conocer que ganó una apelación ante el juzgado para que el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, sea devuelto al penal de alta seguridad ubicado en el Altiplano, añadió que más de un juez estuvo de acuerdo en señalar es un personaje peligroso que debe de regresar a la cárcel.
Añadió que el ex mandatario ha dado a conocer los vínculos que tiene en diferentes partidos políticos lo que le podría permitir que logre sea liberado al 100 por ciento y recordó que durante su estancia en el penal de Cancún desarrolló una red de corrupción lo que se convirtió en el incentivo para llevárselo al Altiplano.
También informó que Kamel Nacif, empresario textilero, está en Puebla haciendo negociaciones políticas para que Mario Marín sea liberado de las acusaciones en su contra por el delito de tortura.
