Por: Andrés Solis
Durante su toma de protesta como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo "todos nos vamos a portar bien, ese es el acuerdo, de todas maneras estará prohibido y se convertirá en delito grave, sin derechoa fianza, la corrupción".
Sin embargo, Eduardo Bohorquez, presidente de Transparencia Mexicana, destaca "si lo que tuviéramos que medir es el cumplimiento de la promesa y voy a citar textualmente de erradicar la corrupción en México, esa fue la propuesta que hizo en 2018 el candidato López Obrador, la respuesta tiene que ser categórica, es una promesa incumplida".
Acabar con la corrupción fue la gran promesa del gobierno saliente, pero no cumplió.
Además, durante su gobierno, el presidente omitió actuar en contra de casos probados de corrupción y abusos cometidos por funcionarios de primer nivel.
La Fiscalía General de la República (FGR) tampoco ha conseguido sentencias condenatorias por casos graves de otros sexenios como la llamada "Estafa Maestra" que costó al erario siete mil 600 millones de pesos en desvíos de recursos; por la compra a sobreprecios de la planta de Agronitrogenados o por el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos para otorgar contratos a la empresa brasileña Odebrecht entre 2010 y 2014.
En abril de 2017, López Obrador, presidente de México, señalaba, "no sólo los sobornos, lo peor es la impunidad, porque en los países a los que hice referencia, se está juzgando a los responsables, hace cuatro cinco días salió el procurador de México, a decir que el caso de Odebretcht con los sobornos en México, se cierra la investigación".
Mientras tanto, en México hay casos de corrupción de este gobierno que ni siquiera han ameritado una investigación.
Destaca el caso de Seguridad Alimentaria, Segalmex, que ocasionó un desfalco por 15 mil millones de pesos y su titular Ignacio Ovalle sigue libre, o el caso de desvío de 283 millones de pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y su titular Ana Gabriela Guevara se mantiene en el cargo y el caso más reciente de la familia del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, que compró a precios de ganga terrenos en zonas de alto valor turístico.
Persiste la impunidad que el presidente prometió que se acabaría.