El 70 por ciento de los corralones no están regulados, así lo dio a conocer el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier quien también expresó que buscarán intervenirlos para poder clausurarlos.
"vamos a intervenir, y vamos a clausurar los corralones que se convierten en centros de saqueo para los transportistas" dijo Alejandro Armenta, gobernador de Puebla
Cabe mencionar que hasta el 2024 en Puebla había 235 corralones, ésto según Héctor Ramírez Leyva, quien en ese entonces era el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte, no obstante sólo 133 de los depósitos para grúas contaban con la concesión y los documentos para poder llevar a cabo este tipo de servicio.
Ante la falta de regularización por parte de dichos establecimientos el gobernador actual está valorando la opción de extinguir la concesiones y que sea el estado el encargado de prestar ese servicio, no obstante también informó que se les pedirá una tarifa en la Ley de Ingresos para que los costos en los corralones no sean tan elevados.
"Hay estadísticas donde le sale más caro al transportista el arrastre de la grúa y recuperar su vehículo en el corralón porque tiene 5 o 6 semanas ahí guardado que lo que le robaron" dijo Alejandro Armenta, gobernador de Puebla
Hay que recordar que durante la administración del ex gobernador de Puebla, Sergio Salomón Cépedes Peregrina se hizo un decreto a la Ley de Ingresos 2024 que le daba facultades a entonces secretario de movilidad, Omar Álvarez Arronte, para que se establecieran tarifas que debían de respetar los dueños de grúas y a partir del mes de julio solicitó a los corralones que respetaran los precios.
Los costos dependían del tipo de grúa utilizada, el peso del vehículo que iba desde los 3 mil 500 a los 25 mil kilos, las tarifas eran desde los 660.75 pesos hasta los mil 117, misma que iba aumentando de 21 a 38 pesos por el kilómetro recorrido; sin embargo en la actualidad pareciera que el tema de los costos sigue siendo un conflicto que como ya lo mencionó el actual gobernador se buscará regular u ofrecer un servicio por parte del gobierno proporcionando precios justos.