Por: Abel Martínez Luna
"Nuestra misión como Tribunal Constitucional es hacer prevalecer la Constitución que nos rige", subraya la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.
Una de las funciones más importantes del Poder Judicial es proteger el orden constitucional.
Evitar que los poderes Legislativo y Ejecutivo emitan leyes o ejerzan acciones que violen la Constitución.
Para ello, puede invalidar acciones de estos poderes.
Sergio Charbel Olvera Rangel, Maestro en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos y Democracia, explica, "de lo contrario tendríamos a un legislativo que pueda emitir normas que aun cuando sean contrarias a la Constitución nadie le enmiende la plana o el Poder Ejecutivo puede dictar políticas, emitir programas o decretos que vayan en contra de la Constitución sin que nadie le enmiende la plana".
Mediante la acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o el amparo, la Corte determina si una disposición va contra la Constitución, de ser así, podrá ser anulada si al menos ocho ministros votan por su invalidez.
Por su relevancia, los ministros deben tener buena reputación y capacidad probada en la impartición de justicia, lo que garantizaría que velen por el orden constitucional.
"Requerimos que las personas que conformen a la Suprema Corte tengan el carácter de independientes, que no puedan estar atados a ninguna cuestión política que al momento de resolver generen una parcialidad en su resolución", destaca Olvera Rangel.
En este sexenio la Corte ha invalidado varias leyes, destacando la electoral y eléctrica, así como los decretos para pasar la Guardia Nacional al Ejército o para reservar la información de los proyectos prioritarios.
Estos reveses, han generado polémica, pues algunos actores consideran negativo que 8 ministros echen abajo lo que aprobaron poderes elegidos por millones de votos, pero esta facultad es establecida por la Constitución en su artículo 105.
Para Julio Jiménez Martínez, Vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, analista político y consultor Jurídico, "pasan sin tocarle una coma a sus iniciativas y así las aprueban por mayoría, pues evidentemente tienen que ser detenidas, contenidas, tienen que ser echadas abajo porque adolescen de serias irregularidades, que están revestidas de actos de inconstitucionalidad y son contrarias a nuestro Estado de Derecho".
En este entorno, hay dos visiones. El presidente asegura que el Poder Judicial no trabaja para el pueblo, pero expertos consideran que el presidente no respeta a este poder y por ello emprendió una peligrosa campaña en su contra.
"Con la elección del 18 se libera el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero no el Judicial, ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder politico", asegura el president López Obrador.
Pero para Julio Jiménez Martínez, "no hay más que una simple retórica, una estrategia de descalificación. El único contrapeso que le queda al país es el Poder Judicial de la Federación que hoy está siendo vulnerado y afectado".