Un proyecto de la asociación "Acción Ciudadana Frente a la Pobreza", al que se sumó la Universidad Iberoamericana en Puebla, señala, que desde un mes previo a las elecciones de este 2018, y hasta el 2 de julio, se registraron 705 reportes ciudadanos, sobre distintos delitos electorales, como la compra o coacción del voto.
Esto, en todo el país, y con cantidades ofrecidas por operadores políticos, desde los 150, y hasta en algunos casos, los 10 mil pesos, explicaron los especialistas.
Este mismo ejercicio de investigación, puntualizaron académicos de la Ibero e integrantes de la organización de la sociedad civil, refiere que, también a 1 mes previo a los comicios, hasta 30 millones de mexicanos, recibieron propuestas de compra de votos; de estos, 15 millones lo rechazaron, a otros 9 millones, les tomaron foto por algún bien económico o material, y a 2 millones más, les retuvieron su credencial de elector.
POBREZA, FACTOR DETERMINANTE PARA LA COMPRA DE VOTOS
"Mientras la política económica genere pobreza, mientras no mejoren los salarios de la gente, mientras no se distribuyan de manera transparente, directa, universal, los beneficios de los programas sociales, las condiciones para el clientelismo, la compra y la coacción del voto, persistirán", sostuvo al respecto, Alberto Serdán, coordinador general de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Esto, concluyeron los catedráticos y representantes, de dicha asociación civil, delitos que pasaron por alto, las autoridades en el país, y que además, son un reflejo, de que las condiciones de vida de la población, repercuten en la toma de decisiones del electorado, pues la pobreza y desigualdad, influyen, en el recibir o no, dinero a cambio de un voto.