Después de casi 18 horas de debate en una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial, la cual ahora será analizada por el Senado para su posible ratificación.
La votación resultó en 359 votos a favor y 135 en contra, en medio de una fuerte protesta por parte de trabajadores judiciales que bloqueaban el acceso al Palacio de San Lázaro.
La reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador forma parte de un paquete más amplio de 20 modificaciones constitucionales. Entre las principales modificaciones, se encuentra la elección directa de jueces, magistrados y ministros por votación popular. Este cambio busca dar al pueblo mayor control sobre la selección de los principales funcionarios judiciales, en lugar de que sean designados a través de nombramientos presidenciales y senadores.
Según el nuevo esquema, los candidatos deberán contar con un título de licenciatura en derecho, tener al menos cinco años de experiencia y presentar un ensayo y cartas de recomendación para postularse.
Otro aspecto significativo de la reforma es la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. Además, se propone acortar el período de su mandato de 15 a 12 años. Este ajuste busca agilizar el proceso de toma de decisiones en la Corte y reducir su tamaño para aumentar la eficiencia en el sistema judicial. La presidencia de la SCJN también se renovará cada dos años de forma rotativa, en lugar de ser elegida por los propios ministros como es el caso actualmente. Las sesiones del máximo tribunal se realizarán únicamente en el pleno, eliminando las dos salas actuales y garantizando la transparencia de los debates.
Un cambio importante en la reforma es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo actual encargado de la administración y supervisión del Poder Judicial.
En su lugar, se crearán dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá la responsabilidad de manejar la carrera judicial, el control interno y la elaboración del presupuesto del Poder Judicial.
Por su parte, el Órgano de Administración Judicial se encargará de recibir denuncias y proteger a jueces en casos de delincuencia organizada. Este nuevo órgano estará compuesto por cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo, el Senado y la SCJN, y su presidencia cambiará cada dos años de manera rotativa.
La reforma también introduce la figura de los "jueces sin rostro", un mecanismo diseñado para proteger a los jueces que manejan casos relacionados con el crimen organizado, garantizando su seguridad y anonimato en casos de alto riesgo. Este es un paso significativo para proteger a los funcionarios judiciales que enfrentan amenazas debido a su trabajo en casos de gran relevancia.
La propuesta será ahora enviada al Senado, donde se llevará a cabo un análisis más profundo y se determinará si será ratificada o si se realizarán modificaciones adicionales. La reforma al Poder Judicial tiene el potencial de traer cambios significativos al sistema de justicia en México, y su avance será observado de cerca por diversos sectores de la sociedad.