Senado aprueba 1° de octubre como descanso obligatorio nacional
El Senado de la República de México aprobó unánimemente una reforma a la legislación laboral que establece el 1° de octubre como un día de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país.
Esta reforma se enmarca en el contexto de la toma de protesta de el/la nuevo/a titular del Poder Ejecutivo, que se realizará cada seis años a partir de 2024, según lo estipulado por el artículo 83 de la Constitución. La decisión fue respaldada por 116 votos a favor y cero en contra.
La iniciativa fue presentada por el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien presidió la Comisión de Trabajo y Previsión Social. El propósito principal de esta reforma es armonizar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con las disposiciones constitucionales, ya que anteriormente el 1° de diciembre se consideraba el día del relevo presidencial. Este cambio de día surgió tras la reforma electoral de 2014, que modificó diversos artículos de la Constitución para acortar el periodo de transición entre la elección y la toma de protesta del presidente.
El dictamen señala que este día de descanso no solo es un reconocimiento del Estado al derecho de los trabajadores a participar en la vida cívica, sino también una oportunidad para celebrar un evento histórico.
El senador Alfonso Cepeda Salas, hablando en nombre del grupo parlamentario de Morena, enfatizó la relevancia cívica del 1° de octubre, destacando que este año marca un hito al ser la primera vez que una mujer asumirá la presidencia en México.
La reforma también se inscribe dentro de una agenda más amplia que busca mejorar las condiciones laborales en el país. En los últimos años, han surgido diversas iniciativas para abordar temas como la reducción de la jornada laboral y el aumento del aguinaldo. A pesar de algunos avances significativos, como el aumento al salario mínimo y mejoras en los días de vacaciones, muchas reformas aún están pendientes para ser discutidas y aprobadas por el Congreso.
Entre las reformas laborales más relevantes que se esperan discutir en la nueva legislatura se encuentran propuestas para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas y aumentar los días de aguinaldo.
Estas iniciativas han generado un intenso debate tanto en el ámbito político como empresarial, ya que implican cambios significativos en las condiciones laborales y podrían afectar tanto a trabajadores como a empleadores.