Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó revisar la constitucionalidad de la controversial Reforma judicial aprobada por el Congreso en septiembre y publicada por el Ejecutivo.
El Pleno decidió abrir una controversia para decidir si tiene facultades para revisar cierta iniciativa, tras los trámites presentados por jueces y magistrados federales, por lo que se resolvió realizar un proyecto.
Votaron a favor:
Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la presidenta Norma Piña Hernández.
Votaron en contra:
Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Advirtieron que con esta decisión la Corte está afectando el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros del país.
El argumento que utilizaron quienes votaron a favor, fue el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece que el Pleno de la Corte "velará en todo momento por la autonomía de los órganos del PJF y por la independencia de sus integrantes" por lo que la ministra Norma Piña podría decidir si otorga o no una suspensión que podría congelar la implementación de la reforma judicial, mientras que el asunto será turnado a otro ministro para que elabore el proyecto de sentencia.
En la discusión, la Ministra Lenia Batres Guadarrama acusó de estar ante un escenario de "golpe de Estado" por dar entrada a la resolución, lo cual compartió la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
"Si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado Constitucional de Derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador (el Congreso) que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial".
Batres advirtió sobre las implicaciones de abrir la puerta a que la SCJN pueda discutir reformas constitucionales y calificó a la Corte como "tiránica".
La ministra Jazmín Esquivel consideró "notoriamente improcedente" la decisión de los ocho ministros.
Debido a que esta consulta fue presentada el 11 de septiembre de 2024, un día después de que el Congreso de la Unión aprobara la reforma judicial, por lo que "al haberse consumado en forma irreparable el decreto [?] no podrían analizarse los argumentos de la solicitud sin afectar necesariamente los actos que consolidaron y dieron definitividad a dicha reforma".
"Como todos sabemos por mandato constitucional el pasado 23 de septiembre ya inició el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de un gran número de juzgadores federales, por lo que estamos en plena etapa de preparación de un proceso complejo que me parece ya no podemos detenernos a revisar por las implicaciones que tendría para la sociedad dejar en la incertidumbre si habrá o no comicios el primer domingo de junio de 2025, a pesar de lo que establece con toda claridad la Constitución", mencionó.
"No hay razón jurídica para impedir el análisis de la Reforma Judicial", determinó la Ministra Margarita Ríos Farjat.
La ministra Ortiz Ahlf señaló que no resulta aplicable la consulta a trámite para resolver el asunto.
"La atribución de la fracción XVII (del artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF) no abarca cualquier controversia, sino solo aquellas que se originan dentro del Poder Judicial, lo cual no sucede en la consulta que se pone a nuestra consideración".
Sin importar los posicionamientos personales a favor o en contra de la #ReformaJudicial, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida, es decir, revisar reformas constitucionales fruto de la voluntad popular.
— Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) October 3, 2024
Las personas juzgadoras no somos? pic.twitter.com/FkoT6WXVJs
La ministra presidenta Norma Piña dijo que preliminarmente en el artículo 11 de la Ley Orgánica -con el que resolvieron que la Corte sí puede analizar la constitucionalidad de la reforma judicial- no se observa un obstáculo normativo que impida dar trámite a la solicitud de ejercicio de la facultad del Pleno, aun cuando la controversia implique determinar controlar o no la constitucionalidad de reformas y adiciones en la Constitución.
"En este tema, como todos sabemos y como se han manifestado, adelantando algunos un criterio de fondo, conlleva a la necesidad de analizar un análisis profundo de nuestro sistema jurídico, por lo que es necesario, a mi juicio, y pertinente reservarlo para la resolución definitiva que sobre la solicitud se dicte".
Informó que la consulta a trámite resuelta en ningún modo prejuzga sobre la procedencia definitiva ni sobre el alcance que pueda llegar a tener la resolución que se dicte en el expediente principal de la controversia, es decir, sobre lo fundado o no de los argumentos y reclamos expuestos por los promoventes de la solicitud original. Tampoco se prejuzga sobre el alcance de las atribuciones que La Corte pueda llegar a tener al momento de someter a control constitucional la reforma aludida, en aspectos tales como la revisión de vicios estrictamente formales e incluso materiales. El análisis del resto de las consultas a trámite continuará en próxima sesión del Tribunal Pleno de La Corte.
El 18 de septiembre de 2024, la ministra Norma Piña abrió una consulta en el Pleno del Máximo Tribunal del país para revisar la procedencia de la reforma judicial.
El recurso fue presentado por un grupo de personas juzgadoras federales que solicitaron a la SCJN que ejerza de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los tres Poderes de la Unión con este tema.
En esta fracción se señala que el Pleno de la Corte tiene atribuciones para "conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias y entidades públicas con la SCJN o el Consejo de la Judicatura Federal".
El asunto fue clasificado con carácter de "urgente" por la presidenta de la Corte, quien lo turnó al ministro Alcántara Carrancá para que elaborara un proyecto con una propuesta de resolución que pudiera ser presentada ante el Pleno.
El ministro consideró que la fracción XXII de la Ley Orgánica "no es la vía idónea para tramitar la solicitud formulada" por los juzgadores federales; indicó que sí lo es la atribución contenida en la fracción XVII del mismo artículo.
En esta fracción se señala que es facultad del Pleno "conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución".
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña aseguró que nada podrá detener la elección de jueces y ministros en 2025.
El político de la 4T externó su inconformidad ante la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de poner a discusión la legalidad de la Reforma Judicial decretada el pasado 15 de septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
