TEPJF ratifica el gane de Martha Erika Alonso

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se venza, este sábado 8 de diciembre, sesiono el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para dar su veredicto final con respecto a la impugnación presentada por Miguel Barbosa Huerta, ex candidato a la gubernatura de Puebla y su partido MORENA, en contra del gane de Martha Erika Alonso, como la nueva mandataria estatal.

Con 4 votos en contra y 3 a favor, se desechó el proyecto del Magistrado José Luis Vargas Valdez para anular la gubernatura del Estado y repetir los comicios; por lo tanto el TEPJF, avaló el gane de Alonso Hidalgo como gobernadora de Puebla, quien tomará protesta este 14 de diciembre.

José Luis Vargas Valdez, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fregoso, fueron los magistrados que votaron a favor para la nulidad de la gubernatura; argumentando que hubo violación a la cadena de custodia del material electoral, así como robo del mismo y actos de violencia que no dan certeza a los resultados obtenidos.

E incluso durante la sesión, Vargas Valdez, mostró un vídeo, donde se aprecia, que más de 10 personas ingresan a la bodega Central del Instituto Electoral del Estado, donde se resguarda el material electoral, aseverando que los paquetes se abrieron en más de 50 ocasiones, sin que los partidos políticos fueron notificados.

Por otra parte, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña y Janine Otálora Malassis, esta última, la presidenta del TEPJF, fueron los magistrados, que desecharon la propuesta, ratificando el gane de Martha Erika Alonso.

Su postura, hizo referencia, a que las hipótesis sobre supuestas manipulaciones del material electoral, no son pruebas suficientes para anular los resultados de la pasada contienda electoral, además de asegurar, que el traslado de la paquetería electoral se efectuó apegado a la normatividad.

Finalmente, los magistrados que estuvieron en contra del proyecto de Vargas Valdez, argumentaron, que no hubo dolo o culpa por parte de actores políticos, Gobierno estatal o autoridades electorales locales para viciar el proceso electoral.