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30 de Enero del 2025
Salud

Atoran obstáculos legales la inscripción de deudores alimentarios al registro

Atoran obstáculos legales la inscripción de deudores alimentarios al registro

El Registro Nacional de Deudores Alimentarios, una herramienta impulsada con la intención de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, enfrenta obstáculos que limitan su eficacia. Aunque en teoría este registro busca visibilizar y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, su implementación en la práctica ha dejado mucho que desear.  


Mayra Dávila, activista y representante legal del colectivo Adax Digitales, ha señalado cómo el sistema legal ha transformado este mecanismo en un proceso tortuoso y excluyente.


Para que un deudor sea inscrito, debe existir una sentencia judicial firme, lo que ya implica entre uno y dos años de procedimientos, siempre y cuando el deudor no interponga recursos adicionales que dilaten aún más el juicio. Este tiempo es crucial, ya que la mayoría de los acreedores son menores que dependen de manera inmediata de estos recursos.  


COMPLICACIONES

Incluso con una sentencia, las complicaciones no terminan. Las madres deben presentar una plantilla de liquidación que detalle los adeudos acumulados, lo que implica otro proceso judicial para exigir el cumplimiento. Esto, además de ser emocionalmente desgastante, supone un gasto económico que muchas mujeres no pueden afrontar por su cuenta.  


En Querétaro, solo siete deudores alimentarios están inscritos en este registro, mientras que existen miles de casos documentados. Adax menciona que han organizado tendederos de deudores alimentarios, donde exponen públicamente a más de 3,000 hombres que no han cumplido con sus responsabilidades. La desproporción entre los casos expuestos y los inscritos en el registro evidencia un sistema legal ineficiente.  


''Es muy complejo la inscripción del deudor por varias cosas. De estos 3000 deudores alimentarios, un porcentaje más o menos del 30 % tiene una sentencia, es decir, fueron condenados al pago de la pensión alimenticia, pero muchos casos recientes apenas están en proceso, lo que retrasa todo'', señaló la activista.


Aunado a esto, la burocracia del sistema judicial y las interpretaciones del Ministerio Público han entorpecido el proceso. Por ejemplo, en un caso reciente, una fiscalía desestimó la denuncia de una mujer que llevaba más de una década sin recibir pensión para sus hijos, argumentando que no había dolo en el incumplimiento. Esto a pesar de que existían pruebas claras de ingresos laborales del deudor.  


La activista sugiere cambios urgentes al sistema para hacerlo más accesible y efectivo. En lugar de esperar una sentencia definitiva, propone que los deudores sean inscritos de manera preventiva en el registro cuando existan pruebas de incumplimiento. Esta medida permitiría que las madres puedan ejercer presión y asegurar el pago más rápidamente. Además, enfatiza que la exposición pública, como los tendederos de deudores, ha demostrado ser eficaz para motivar el pago de pensiones.  


La lucha por garantizar los derechos de los menores y aliviar la carga de las madres no debe ser una guerra contra un sistema judicial que, en ocasiones, parece proteger a los agresores económicos. Es indispensable que las reformas sean acompañadas de una implementación efectiva y accesible, eliminando estos obstáculos que perpetúan la impunidad y condenan a miles de familias a la precariedad.





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