El pleno del Congreso local avaló con 23 votos a favor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado de 3 de mayo sobre la Ley 3 de 3; la cual ordena que ninguna persona con pendientes con la justicia al tener sentencia por violencia familiar, sexual o de género; así como por incumplir con pensión alimenticia podrá ocupar cargos de elección popular.
La reforma a nivel federal entró en vigor el pasado 30 de mayo y también impide a este tipo de personas ocupar cargos en el servicio público; era indispensable que el Congreso estatal la aprobará para armonizar el marco legal estatal.
Graciela Juárez Montes, diputada presidenta de la Mesa Directiva de Legislatura, detalló que la legisladora Mariela Morán comenzará en próximos días mesas de trabajo para crear la propuesta de la Ley de Deudores Alimentarios, la cual contempla la creación de un padrón que deberá tener carácter nacional exclusivamente, de acuerdo con la normatividad federal.