Para Empezar el Día con MeganoticiasMN
México vuelve a estar en los reflectores internacionales, pero por una de sus heridas más profundas: la desaparición de personas. El hallazgo de restos en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, obligó al gobierno a admitir lo que por años intentó borrar de la agenda: que vivimos una crisis humanitaria.
Se están encontrando varias fosas, crematorios, la localización de varios huesos es el Rancho Izaguirre, que pone a México otra vez en los reflectores por la desaparición de personas y que obligó al gobierno a admitir una crisis que intentó desaparecer de la agenda.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada.
Los números son terribles: con Calderón, en promedio, cada día se reportaron 7 desaparecidos, con Peña Nieto el número subió a 15, con López Obrador llegó a 24 y con Sheinbaum se disparó a 44.
Se trata de un problema histórico. Desde 1952 se han hecho más de 354 mil reportes, el 64 por ciento de las personas fueron localizadas; el resto, más de 126 mil, no han sido encontradas.
Esta cifra se divide en más de 10 mil no localizados, personas cuya ubicación se desconoce, pero su ausencia no se relaciona con delitos y más de 115 mil desaparecidos, de quienes se desconoce su paradero, pero se presume que su ausencia se relaciona con delitos.
Héctor Cerezo, defensor de derechos humanos dijo que son personas que se las llevaron, puede ser delincuencia organizada, delincuencia no organizada.
En 2018 se promulgó la ley de desaparición forzada y cometida por particulares, en la primera hay participación del gobierno y en la segunda no. También se creó el sistema de búsqueda y el registro de desaparecidos.
López Obrador descalificó este sistema, ordenó un conteo distinto y afirmó haber encontrado a más de 20 mil desaparecidos. Expertos afirman que no siguió estándares internacionales y no hay evidencia de las localizaciones.
Ante el hallazgo de Teuchitlán, la presidenta anunció seis acciones inmediatas, como el fortalecimiento de la Comisión de búsqueda, el registro de población con datos biométricos, búsqueda inmediata e instituciones de identificación humana.
Pero expertos afirman que el problema de fondo es el empoderamiento de los Cárteles y la impunidad, fenómenos que no han sido frenados y que han dejado 72 mil cadáveres sin identificar y más de 126 mil desaparecidos.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de la Sección mexicana asegura que el estado mexicano no solo no logra detener la desaparición de personas. El estado no busca a las personas, son las propias familias las que continúan haciendo las labores.
Con información de Abel Martínez
El pasado lunes 21 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la última reforma a la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, que reduce el suministro a 50 litros por persona.
Específicamente, se determinó la validez de los artículos 74 y 75, último párrafo, de dicha Ley, los cuales fueron añadidos el 9 de abril de 2024 por el Congreso de Querétaro, vía fast track.
Estos dos artículos estipulan que se puede limitar el servicio a usuarios domésticos que no paguen durante dos meses o ante un decreto de escasez en la entidad, garantizando al menos 50 litros por persona.
De igual forma, se establece la reducción del suministro a usuarios comerciales e industriales, aunque en estos casos no se fija una cantidad específica, lo que también generó inquietud entre la sociedad.
Fue la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal la instancia que demandó la invalidez de la reforma, al argumentar que las modificaciones frustraban el contenido del artículo 4° constitucional, que establece que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".
Al respecto, el Pleno determinó que tanto las autoridades como las empresas concesionarias "tienen el deber de respetar y garantizar el derecho humano al agua sin discriminación, asegurando su disponibilidad, calidad y accesibilidad, tomando en cuenta el mínimo de 50 litros diarios fijado por la Organización Mundial de la Salud".
Además, concluyó que esta acción debe complementarse "considerando las condiciones particulares de cada persona y familia".
El fallo del Pleno de la Corte, aunque era previsible, fue cuestionado por especialistas, quienes se muestran escépticos ante la correcta aplicación de la ley.
"¿Cómo efectivamente se puede garantizar que ante un usuario moroso sí se le están dotando esos 50 litros diarios?, ¿cómo van a saber, en mi domicilio, si vivo solamente yo o vivo con cinco personas más?, porque entonces ahí me tendrían que dotar al menos de 250 litros diarios", externó Enrique Uribarren Castro, presidente del Observatorio Ciudadano para la Protección al Ambiente.
Otro de los retos es esclarecer la reducción del suministro a personas morosas que se abastecen a partir de macromedidores.
Tras este fallo, el panorama hídrico no cambiará radicalmente, pues esta reforma lleva vigente más de un año. Sin embargo, persisten pendientes, como la promulgación de una Ley de Aguas en el estado, que regule todo el ciclo del recurso, y no únicamente su abastecimiento.
Durante el arranque de obras del tren Ciudad de México-Querétaro, Maritza, madre de tres jóvenes desaparecidos en Concordia, Sinaloa, el pasado 7 de abril, pidió ayuda directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum para intensificar su búsqueda, entregándole documentación sobre el caso. Señaló que sus hijos, Isaís, Quique y Santiago, solo estaban de vacaciones y manifestó su desesperación ante la falta de noticias.
Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte del gobierno estatal, a través del secretario Carlos Alcaraz y el gobernador Mauricio Kuri, y reconoció que, debido a la situación de inseguridad en Sinaloa, las familias no han podido acudir directamente a esa entidad para buscarlos.
