Por: Abel Martínez Luna
Una de las reformas del actual gobierno federal, busca eliminar órganos autónomos, pero ¿qué son?, ¿cómo afectaría?
Son organismos establecidos en la Constitución. Realizan funciones del gobierno, funciones que por su importancia y especialización requieren de un ente técnico que decida con apego a la legalidad, sin influencia de partidos o coyunturas.
Surgieron en Europa y están presentes en 81 países.
Diego Valadés Ríos, extitular de la PGR y exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegura, "todavía no tenemos una administración pública profesionalizada, es una administración propensa a la arbitrariedad y propensa a la corrupción. Ha sido uno de los grandes obstáculos para la consolidación del proceso democrático en México".
El primero fue el Banco de México, en 1994, después de que en los 70 se abusó del financiamiento al gobierno para cubrir pérdidas fiscales, uno de los factores de la crisis del 82.
En 1996 se sumó el Instituto Federal Electora (IFE), tras la caída del sistema del 88.
Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero del IFE, explica "se desconfiaba profundamente de la Secretaría de Gobernación como órgano electoral, era necesario crear un órgano que no dependiera de la Secretaría de Gobernación".
Después otros, como la Comisión de Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión de Competencia Económica; institutos de telecomunicaciones y transparencia, la fiscalía y el Coneval.
López Obrador los puso en la mira, principalmente a los que surgieron a partir de 2013, asegura que son un gobierno alterno donde la oposición puso a perfiles a modo para proteger intereses de grupos particulares y no del país.
"Todo lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar, necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses", asegura el mandatario.
Expertos consideran que son un avance en la transición democrática de México, pero deben reformarse para que no se abuse de su presupuesto, haya mayor rendición de cuentas y la designación de sus titulares no se politice.
Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, destaca, "son penetrados, influenciados, por los poderes tradicionales, pero también por los poderes fácticos, tienen dispersión en sus mecanismos de control y de rendición de cuentas".
Para Jaime Cárdenas la pregunta es "¿Cómo evitamos que sean órganos constitucionales autónomos con grandes privilegios?".
La discusión se dará en el Congreso, pero con miras a eliminar las comisiones de competencia económica, hidrocarburos, regulación de energía; los institutos de transparencia, telecomunicaciones, mejora educativa y el Coneval, funciones que serían realizadas por el gobierno.
Sergio López Ayllón, doctor derecho por la UNAM, advierte, "el retroceso está en volver a un sistema político donde la ley queda subordinada al poder y no el poder a la ley".