Presenta iniciativa el Senador Juan José Jiménez
Con la finalidad de que estados y municipios cuenten con las provisiones para el
pago de prestaciones con motivo de la terminación laboral de servidores públicos, el Senador
Juan José Jiménez presentó una iniciativa para que se reforme el artículo 10 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El Senador por Querétaro explicó que el objetivo de esta iniciativa de ley es que los
presupuestos de egresos de los estados y municipios de cada año, contengan prevenciones
para el pago de las terminaciones laborales, "con esta reforma quedaría prohibido que las
administraciones salientes dejen pasivos por terminaciones laborales a las administraciones
entrantes, reduciendo juicios en materia laboral que al momento de su resolución implican una
mayor carga presupuestaria para los estados y municipios entrantes, por los llamados, salarios
caídos" señaló el legislador.
Juan José Jiménez comentó que, con la aprobación de esta reforma, las cantidades que deben
ser cubiertas por concepto de liquidación en caso de despido injustificado, se encontrarían
contempladas en los presupuestos de egresos de estados y municipios, con base en las leyes
laborales; de suerte tal que, al momento de un despido, las autoridades pueden hacer el cálculo
correspondiente a fin de liquidar a los trabajadores conforme a la Ley y sobre todo respetando
sus derechos.
Jiménez Yáñez dijo que el gobierno federal es un referente en este tema ya que, "como parte de
una política de austeridad que promueve el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel
López Obrador, ha quedado establecido en los presupuestos de egresos de la federación, para
2019 y 2020 una partida para cumplir con las liquidaciones por despidos, con ello no se dañan
las finanzas públicas y se cumple con los derechos laborales de los trabajadores" externó.
Finalmente lamentó que en Querétaro en 2015, se tramitaron más de 600 demandas por
despidos injustificados al inicio de la administración de Francisco Domínguez, lo que implicó una
sobresaturación de los asuntos tramitados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el
Estado, generando con ello un gasto no presupuestado para la autoridad estatal y sobre todo un
desgaste a las y los servidores públicos que no tienen por qué estar esperando largos periodos
de tiempo para que se les cumpla con lo que la
ley dicta.