Prisión preventiva, la cárcel sin condena en México
- México debe revisar sus ordenamientos sobre prisión preventiva oficiosa
- CIDH ordenó a México eliminar la figura de prisión preventiva
Por: Abel Martínez Luna
Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha señalado, "el Estado deberá adecuar ordenamientos jurídicos internos sobre prisión preventiva oficiosa".
En 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México eliminar la prisión preventiva oficiosa, tras revisar los casos de Daniel García y Reyes Alpizar, que siendo inocentes pasaron 17 años en la cárcel, bajo esta medida cautelar, acusados del homicidio de una regidora.
Habla, Daniel García Rodríguez, víctima del Estado mexicano, "En el año 2002 fuimos torturados, exhibidos como delincuentes y encarcelados con pruebas falsas".
Se violaron sus derechos a la integridad, libertad y garantías judiciales.
Pero ¿en qué consiste?
Es conocida como la "cárcel sin condena", se encarcela automáticamente a individuos acusados de alguno de los más de 16 delitos considerados "graves", como homicidio, secuestro o violación sexual a menores.
Expertos afirman que es una violación grave a la presunción de inocencia y debe eliminarse, toda vez que hay 14 medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada, donde el juez valora si el acusado puede huir o hacer daño a la víctima.
Rodolfo Martínez, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, "Es completamente contrario a dicho principio de derechos humanos el considerar que alguien es culpable de forma a priori".
Por el ordenamiento de la Corte Interamericana, el Estado mexicano, integrado por ejecutivo, legislativo y judicial deberían abrir la ruta para eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero el ejecutivo y el congreso coinciden en que debe mantenerse.
Luisa María Alcalde, entonces secretaria de Gobernación, "Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa".
El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, estudia la posibilidad de atender el ordenamiento.
Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala, "El uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva oficiosa, colocan al ciudadano en el peor de los escenarios posibles".
De no acatar el ordenamiento de la Corte Interamericana, México tendría consecuencias en las relaciones internacionales y sanciones económicas, pero el gobierno afirma que no está obligado.
"Aunque la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional, debe prevalecer siempre nuestra constitución", indicó la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
La Suprema Corte debería dirimir sobre este tema en los siguientes meses, pero la reforma al Poder Judicial podría aplazar o cancelar esta resolución.
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?? UAQ reduce comida chatarra sin afectar la economía ?. La Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios considera que la nueva regulación federal debe verse como una oportunidad más que una imposición ??.
— Meganoticias QRO (@meganoticiasQRO) April 4, 2025
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La Secretaría de Vinculación y Servicios Universitarios planteó que la reciente regulación federal sobre alimentos en escuelas, ahora extendida al nivel superior, debe entenderse como una oportunidad más que como una imposición. María Antonieta Mendoza Ayala, titular de dicha secretaría, aseguró que el enfoque no es prohibir productos, sino fomentar hábitos saludables a través de la sustitución de alimentos ultraprocesados.
"Estamos hablando de adultos, lo que nos genera un poquito más de dificultad, pero no es imposible de trabajarlo", dijo Mendoza Ayala, al reconocer que el cambio de hábitos implica un reto, sobre todo porque muchos de estos patrones inician en casa. Comentó que desde hace una semana comenzaron al interior de su secretaría eliminando refrescos y jugos, y aunque no ha sido sencillo, consideran que es un paso necesario.
La secretaria subrayó que se trata de una disposición federal, pero que la universidad está tratando de implementarla sin perjudicar a los estudiantes en términos económicos.
"Hicimos un ejercicio para ver cuánto cuesta una ensalada o comida saludable, y andaba entre los $70 y $100 pesos. En contraste, una torta de tamal y atole la consigues en $25 pesos", ejemplificó. Esto, dijo, obliga a replantear las opciones disponibles dentro de cafeterías y espacios universitarios para garantizar alimentos accesibles.
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