Querétaro no ha sido ajeno al contexto de violencia que viven periodistas a nivel nacional.
Estos actos que reprimen la libertad de expresión le ha costado la vida a más de 164 periodistas desde el año 2000, de acuerdo con el recuento de la organización Artículo 19.
Si bien en Querétaro no se han registrado este tipo de casos, las y los reporteros han sido víctimas de distintos actos represivos por autoridades y otros ciudadanos.
- El 5 de julio de 2022 fueron agredidos dos reporteros que cubrían el choque de un vehículo que dejó a 2 personas muertas y 17 fallecidas. En el lugar se encontraban policías municipales de El Marqués, quienes fueron omisos ante el ataque que sufrieron los comunicadores.
- El 29 de diciembre de 2022 fueron agredidos 2 reporteras y un reportero que cubrían la presencia de un grupo de choque en el predio donde se construía una gasolinera ilegal en la colonia El Porvenir. Tras este hecho tuvo que pasar un año y medio para que la Fiscalía General del Estado abriera una carpeta de investigación, informó recientemente una de las reporteras agredidas.
- El 12 de enero de 2023 un reportero fue agredido físicamente por un hombre después de cubrir un accidente vial en San Juan del Río. A la par, otra mujer lo agredía verbalmente.
- Meses después, el 11 de noviembre de 2023 fueron agredidos dos periodistas que daban voz a vecinos de El Nabo que se manifestaban en Paseo de la República por falta de luz en su colonia. Elementos de la Policía Estatal reprimieron a los civiles y a reporteros presentes.
- Asimismo, el pasado 4 de mayo otros dos reporteros fueron amedrentados por elementos de seguridad pública y de seguridad privada de la Central de Abastos, esto tras la ejecución de un hombre en el lugar. Por una parte, la policía municipal de Querétaro borró contenido de los celulares de los reporteros; por otro lado, la seguridad privada empujó a uno de ellos y buscaba quitarle el celular.
Ante este panorama, reporteros buscan que cese el ataque contra el gremio por el hecho de realizar su trabajo, pues argumentan que al violentar los derechos de la prensa, también se cuartea el derecho de la ciudadanía de estar informados.
Además, se busca que se instaure una ley estatal de protección para periodistas, la cual no ha sido discutida y ha permanecido en la congeladora legislativa durante varios periodos.