Con 22 votos a favor, fue aprobada la ley de ingresos y el decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, además de la contratación de una deuda pública de mil 300 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020.
Esto, a pesar de la oposición de la bancada de MORENA, quienes se manifestaban en contra, tanto de la ley de ingresos, como del presupuesto de egresos, sin embargo, al final votaron a favor y por unanimidad para aprobar la solicitud de un crédito con cargo a la deuda pública. El pasado 24 de diciembre, dos terceras partes de la legislatura estatal, aprobaron los 70 mil 261.5 millones de pesos presupuestados para el 2020 los cuales serán distribuidos entre los 72 municipios de la entidad. Durante la sesión extraordinaria, los diputados de MORENA se mostraron en desacuerdo para aprobar el crédito por 1300 mdp y argumento que su bancada realizó una nueva propuesta que niega la deuda pública, reorienta el gasto, elimina lo superfluo y compromete al ejecutivo a captar más recursos. De acuerdo a lo manifestado por la coordinadora del grupo parlamentario de MORENA, Ernestina Castro Valenzuela, no se justifica la solicitud de una línea de crédito, con la que el gobierno del Estado Argumenta resolverá sus problemas, ya que asegura, tienen una baja captación de impuestos y una falta de visión para hacer más con menos. Sin embargo, al final se aprobó la ley de ingresos y la contratación de una línea de crédito por 1300 mdp, de los cuales, 500 millones se destinarán a la culminación del nuevo hospital general en Hermosillo, 386.7 millones para proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y reposición en caminos y puentes. También, se destinarán 112.3 millones de pesos para la modernización, rehabilitación y ampliación de la red hidráulica, además de 233 millones 800 mil pesos, para la construcción de proyectos y el mejoramiento espacios públicos. Cabe señalar que los diputados reasignaron alrededor de 400 millones de pesos en materia de seguridad, de los cuales, 290 millones fueron destinados al supremo tribunal de justicia, 223 millones a la fiscalía General de Justicia y 80 millones adicionales a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.