El abogado Víctor Acosta Cid, comentó que la nueva ley de amnistía aprobada recientemente por el senado de la república, no es una ocurrencia del gobierno federal, si no que surge a raíz de una recomendación de la comisión internacional de los Derechos Humanos, la cual busca beneficiar a las personas que se encuentran presos por cometer delitos de baja gravedad.
El catedrático explicó que el propósito de esta ley es disminuir la población de presidiarios entre hombres y mujeres recluidos en las cárceles de México, para evitar el riesgo latente de contagios masivos de COVID-19 entre los internos. Acosta Cid, refiere que la ley contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como aportación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia ni armas de fuego. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete. Así mismo, señala que la intención del gobierno federal por aprobar esta ley es buena, sin embargo, señala que el problema estará en su ejecución, dado que cada entidad federativa deberá reformar sus propias leyes para que entre en vigor esta ley de amnistía. Y es que, asevera los juzgados del país están saturados desde mucho antes de la pandemia, y advierte que, bajo las circunstancias actuales en el país, para cuando se terminen de instaurar todos los protocolos necesarios para su ejecución, alguien que tal vez pudiera salir en dos semanas, tardara hasta 4 meses en que lo liberaran y para entonces pudiera ser muy tarde al tratar de evitar contagios entre los reclusos del país, ante la emergencia sanitaria del COVID-19.