Periférico acapara los cruceros de mayor peligrosidad

La migración interna en México es un fenómeno que, si bien ha existido históricamente, ha adquirido una dimensión más compleja y trágica en los últimos años

Mientras que tradicionalmente las personas se han desplazado dentro del país por razones como la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo o para mejorar sus condiciones de vida, hoy en día existe una migración forzosa impulsada por factores más sombríos: la violencia del crimen organizado y la inseguridad. Para miles de mexicanos, mudarse de su hogar ya no es una opción por el deseo de un futuro mejor, sino una cuestión de supervivencia.

María Guadalupe Estrada Arenas, una víctima del desplazamiento causado por los cárteles, relató su experiencia en una entrevista con Meganoticias: "Está muy pesado en cuestión de delincuencia, el famoso cobro de piso, entonces prácticamente yo estoy huyendo de eso porque estamos siendo perseguidos". Su testimonio refleja el sufrimiento de cientos de miles de personas que huyen del control y la violencia de grupos criminales, que imponen su dominio sobre las comunidades a través de extorsiones, secuestros y amenazas.

De acuerdo con un informe realizado por el colectivo Frontera Sur, junto con varias organizaciones civiles, la situación en muchas regiones de México ha alcanzado niveles alarmantes

Además de las disputas territoriales entre organizaciones criminales, estos grupos han tomado el control de las actividades económicas, las instituciones sociales e incluso de los gobiernos locales. Este dominio ha provocado una crisis de derechos humanos que obliga a las familias a abandonar sus hogares, desplazándose hacia zonas más seguras, pero a menudo no mejores.

En municipios como Las Palmas Altas, en Zacatecas, los habitantes viven bajo un miedo constante, ya que las bandas criminales campan a sus anchas. Un habitante de la zona relató a este medio: "No se puede salir porque tiene uno miedo porque andaban muchos hombres armados, y se llevaron gente? unos resultaron muertos, los encontraron en los forenses y otros andan desaparecidos todavía". Estas palabras reflejan el panorama de terror que viven las comunidades donde la presencia de los grupos armados se ha vuelto una constante.

En 2022, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró 9,602 desplazados internos debido a 25 episodios en siete estados: Chiapas, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas, afectando a 21 municipios y 33 localidades

Chiapas ha sido uno de los estados más afectados por la violencia del crimen organizado. En junio de 2024, el delegado de Protección Civil en Tila, Chiapas, reportó que más de 4,000 indígenas choles fueron desplazados debido a la violencia. Este éxodo masivo ha impactado profundamente a las comunidades indígenas, que, además de enfrentar las dificultades propias de la pobreza y la marginación, ahora deben lidiar con el despojo de sus tierras y la violencia que arrastra consigo el crimen organizado.

Sin embargo, no todo es desesperanza. En municipios como La Trinitaria, también en Chiapas, la situación ha mejorado poco a poco. El alcalde de la zona, en marzo de 2025, informó que al menos 30 familias habían regresado a sus hogares gracias a las medidas de seguridad implementadas y al trabajo conjunto con las autoridades locales.

La comunidad indígena en Chenalhó, Chiapas, ha sido otro de los puntos focales de la violencia criminal

En agosto de 2024, los tzotziles de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, en un acto de resistencia, exigieron paz y justicia frente a las autoridades. José Alfredo Jiménez, sobreviviente de la masacre de Acteal de 1997, expresó: "Quienes queremos paz, justicia y vivir, caminar libres y sin miedo en nuestras comunidades, nos hemos organizado para juntar nuestros corazones y palabras y exigirle a los gobiernos que tomen en serio las demandas del pueblo mexicano".

Este tipo de manifestaciones dan cuenta de la valentía y la resiliencia de las comunidades afectadas por la violencia. A pesar del sufrimiento, muchos se niegan a rendirse y luchan por su derecho a vivir en paz, un derecho fundamental que sigue siendo vulnerado por los actores del crimen organizado.

En 2019, el gobierno mexicano reconoció oficialmente la existencia del desplazamiento interno forzoso y se comprometió a desarrollar una respuesta integral

Aunque la magnitud del desplazamiento interno forzoso no ha sido completamente comprendida, el gobierno mexicano, en colaboración con organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha comenzado a tomar medidas para abordar este problema.

A través de diversos censos y encuestas, como el Censo de Población y Vivienda 2020, se ha documentado que, entre marzo de 2015 y marzo de 2020, más de 274,000 personas migraron debido a la violencia y la inseguridad. Sin embargo, los datos obtenidos aún no reflejan la magnitud total del fenómeno, ya que las encuestas no logran capturar el desplazamiento dentro de un mismo municipio y no permiten identificar todas las causas de la migración.

En 2024, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, estimó que más de un millón de personas se desplazaron en 2023 por motivos de inseguridad

Aunque esta cifra refleja el impacto de varios tipos de crimen, el crimen organizado es el principal causante de este fenómeno, dado que las extorsiones, los secuestros y los enfrentamientos entre grupos delictivos han desplazado a miles de mexicanos.

El estudio "La nueva ola: desplazamiento forzado causado por el crimen organizado en Centroamérica y México" distingue dos formas de desplazamiento forzado

El primero, llamado desplazamiento "cotidiano", ocurre debido a las actividades regulares de los grupos criminales. Este tipo de desplazamiento es preventivo y está motivado por la extorsión, el miedo a represalias o la resistencia a unirse a estos grupos. El segundo, el desplazamiento por "disputas", se da cuando los grupos criminales se enfrentan por el control territorial, desplazando a comunidades enteras para debilitar al rival.

El desplazamiento masivo, aunque a veces temporal, puede convertirse en una situación permanente cuando las condiciones de violencia no mejoran. La población desplazada busca refugio en áreas urbanas o en otras regiones más seguras, pero a menudo se enfrenta a la precariedad y la falta de recursos, lo que agrava aún más su situación.

El desafío de atender a los desplazados internos es enorme. Aunque se han implementado algunas medidas a nivel local y federal, como la creación de albergues en zonas de destino o la asistencia técnica del ACNUR, las políticas públicas aún son insuficientes

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores ha denunciado el hallazgo de tumbas profanadas en diversas ciudades del estado, lo que ha generado una nueva línea de investigación sobre las prácticas del crimen organizado para ocultar cuerpos.

Flores comentó que el colectivo de búsqueda recibió una llamada anónima en la que se les proporcionó información sobre la tumba de un familiar de la persona que llamó. Según el reporte, la tapa de la tumba había sido retirada y en su interior se encontraba una persona aparentemente envuelta en plástico y con las extremidades atadas.

La activista señaló que estos hallazgos podrían indicar un nuevo modus operandi utilizado por grupos delictivos para deshacerse de víctimas, evitando los métodos convencionales de entierro clandestino en fosas o parajes alejados.

Las Madres Buscadoras han solicitado la intervención de las autoridades para esclarecer este caso y prevenir que se siga utilizando esta práctica.

Mientras tanto, los colectivos de búsqueda continúan su labor en el terreno, exigiendo respuestas y justicia para las miles de familias que siguen esperando encontrar a sus seres queridos.

Una escena que se repite a la hora de entrada y salida de estudiantes en diversas escuelas de la ciudad está generando preocupación entre automovilistas y autoridades viales: padres y madres de familia dejan a sus hijos en medio del tráfico sin tomar las precauciones necesarias, lo que podría derivar en graves accidentes.

El congestionamiento vehicular en las horas de entrada y salida de las instituciones educativas provoca que algunos padres detengan sus vehículos en doble fila o incluso en plena circulación para que los estudiantes bajen rápidamente y se dirijan a la escuela.

Esta práctica no solo pone en riesgo a los menores, sino que también entorpece la movilidad y aumenta el peligro de choques o atropellamientos.

Las autoridades de tránsito han insistido en la importancia de utilizar los espacios designados para el ascenso y descenso de estudiantes, además de fomentar una cultura vial responsable.

Algunas escuelas han implementado estrategias para agilizar la movilidad, como operativos con personal docente y voluntarios que ayudan a coordinar el flujo de vehículos, sin embargo, la colaboración de los padres sigue siendo clave para evitar incidentes.