Por: Abel Martínez Luna
Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha señalado, "el Estado deberá adecuar ordenamientos jurídicos internos sobre prisión preventiva oficiosa".
En 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a México eliminar la prisión preventiva oficiosa, tras revisar los casos de Daniel García y Reyes Alpizar, que siendo inocentes pasaron 17 años en la cárcel, bajo esta medida cautelar, acusados del homicidio de una regidora de Atizapán.
Habla, Daniel García Rodríguez, víctima del Estado mexicano, "En el año 2002 fuimos torturados, exhibidos como delincuentes y encarcelados con pruebas falsas".
Se violaron sus derechos a la integridad, libertad y garantías judiciales.
Pero ¿en qué consiste?
Es conocida como la "cárcel sin condena", se encarcela automáticamente a individuos acusados de alguno de los 16 delitos considerados "graves", como homicidio, secuestro o violación sexual a menores.
Expertos afirman que es una violación grave a la presunción de inocencia y debe eliminarse, toda vez que hay 14 medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada, donde el juez valora si el acusado puede huir o hacer daño a la víctima.
Rodolfo Martínez, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, "Es completamente contrario a dicho principio de derechos humanos el considerar que alguien es culpable de forma a priori".
Por el ordenamiento de la Corte Interamericana, el Estado mexicano, integrado por ejecutivo, legislativo y judicial deberían abrir la ruta para eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero el ejecutivo y el congreso coinciden en que debe mantenerse.
Luisa María Alcalde, entonces secretaria de Gobernación, "Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa".
El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, estudia la posibilidad de atender el ordenamiento.
Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala, "El uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva oficiosa, colocan al ciudadano en el peor de los escenarios posibles".
De no acatar el ordenamiento de la Corte Interamericana, México tendría consecuencias en las relaciones internacionales y sanciones económicas, pero el gobierno afirma que no está obligado.
"Aunque la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional, debe prevalecer siempre nuestra constitución", indicó la exsecretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
La Suprema Corte debería dirimir sobre este tema en los siguientes meses, pero la reforma al Poder Judicial podría aplazar o cancelar esta resolución.