Luego de un mes de cierre, a partir de este 4 de enero se abrieron 4 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos que se habían cerrado por la llegada masiva de migrantes en los últimos meses.
Estos 4 puntos son Eagle Pass (Texas), San Diego, California, Lukeville, Arizona y Nogales, Arizona.
Ante esto un líder latino en Arizona Gary García,dio a conocer que durante el tiempo que permaneció cerrada dicha frontera hubo pérdidas tanto económicas como laborales en ambos países.
"Perdimos muchos trabajadores que vienen a Estados Unidos a trabajar y viceversa México perdió mucho turismo y dinero.
De los dos lados estaban muy afectados".
Por otra parte la cónsul de México en Yuma Dulce María Valle Álvarez, comentó que es una buena noticia la reapertura de este puerto al igual que los otros, puesto que no solo favorece en lo económico sino también en lo social, turístico laboral, entre otros.
"Tienen un impacto muy grande no solo en lo económico en lo social lo migratorio de cierta medida a lo político no me queda más que congratularse que se haya decidido la reapertura de Lukeville".
Finalmente nuevamente Gary García líder latino en Arizona, reitero que el cierre de las garitas no es una solución para resolver el problema de la población flotante que busca el sueño americano.
La violencia en México sigue cobrando la vida de quienes forman parte de las fuerzas del orden.
De acuerdo con un informe reciente de la organización civil Causa en Común, al menos 132 policías han sido asesinados en el país durante lo que va del 2025. Esto equivale a un promedio de un policía asesinado cada día, y representa un incremento del 59% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Entre los estados con más crímenes contra agentes policiacos se encuentra Jalisco, que ocupa la sexta posición a nivel nacional con ocho policías asesinados en el cumplimiento de su deber. Con esta cifra, el estado se mantiene dentro del top 10 de entidades con mayor número de ataques mortales contra elementos de seguridad.
Los estados más afectados por esta violencia son Guanajuato, con 17 policías asesinados; Sinaloa, con 16; Guerrero y Michoacán, con 10 cada uno; seguidos por el Estado de México, Jalisco y Tabasco, con 8 cada uno. Puebla y Oaxaca completan la lista con siete casos por entidad.
Uno de los hechos más impactantes se registró a principios de marzo, cuando un grupo armado emboscó a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, dejando un saldo de dos policías muertos. Este ataque provocó una fuerte reacción dentro de la corporación, incluyendo protestas y la renuncia de altos mandos.
Tras los hechos, dejaron su cargo el subsecretario de Operatividad Policial, Gustavo Alonso González Zapata, conocido como "Sauce", y el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Fernando Rosales Solís. En su lugar, asumió el cargo el coronel Félix Pallares Miranda, procedente del Ejército mexicano, quien fue respaldado públicamente por el gobernador Alejandro Armenta.
Ese mismo mes, en el municipio de Tecamachalco, otro ataque armado dejó un agente ministerial muerto y a otro herido, lo que evidencia el nivel de riesgo que enfrentan diariamente quienes forman parte de las corporaciones de seguridad.
Organizaciones civiles como Causa en Común han insistido en la necesidad de dignificar el trabajo policial en México, garantizar condiciones laborales más seguras y poner en marcha mecanismos efectivos de protección ante el creciente nivel de violencia. La cifra de 132 policías asesinados en poco más de tres meses del año refleja una situación crítica que, de no atenderse, podría seguir escalando.
El presunto responsable del homicidio de Erlén Armenta ha sido declarado textualmente como prófugo de la justicia por la Fiscalía General de Justicia del Estado por lo que según el Código Nacional de Procedimientos Penales el juez deberá emitir una orden de aprehensión.
La Fiscalía también ha informado que el presunto responsable identificado como Juan de Dios ?N? cruzó la frontera horas antes de la audiencia inicial, por lo cual, se solicitará por los conductos correspondientes a las autoridades de Estados Unidos de América la entrega del joven.
El pasado viernes 11 de abril, David Verdugo, abogado de la familia de Erlén Armenta, compartió breves declaraciones al salir del juzgado, luego de que no se llevó a cabo la primera audiencia debido a la ausencia del presunto responsable, aunque evitó dar mayores detalles.
"Evidentemente no termina el procedimiento aquí hay diferentes diligencias qué hacer por parte del Ministerio Público, para lograr que comparezca".
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece 10 delitos que ameritan el internamiento de menores de 18 años; sin embargo, entre ellos no se incluye ningún delito culposo.
En ese sentido, si la autoridad logra detener al menor de 18 años identificado como Juan De Dios 'N' y presentarlo ante el juez, una vez que sea vinculado a proceso, tendrá derecho a los beneficios que establece la ley: Uno de ellos es que podrá enfrentar el proceso en libertad, incluso si el delito se agrava por haber abandonado a la víctima en la vía pública después de atropellarla.
Además la Fiscalía de Sonora informó que dos elementos de la Policía Municipal fueron aprehendidos por el delito de incumplimiento de un deber legal, en el contexto de las investigaciones relacionadas con el caso de Erlén Armenta, elementos que fueron vinculados a proceso a quienes el juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.
La aprehensión de dichos elementos y la declaración de prófugo al presunto responsable provocó el cuestionamiento ciudadano sobre los sucesos ocurridos la noche del jueves 3 de abril, por lo que la Fiscalía de Sonora reiteró que no se tolerará la impunidad y se actuará con diligencia contra cualquier otro servidor público que pudiera estar relacionado con cualquier encubrimiento o favorecimiento ilícito que pretenda beneficiar al hoy prófugo de la justicia.
Vinculados a proceso dos elementos de la Policía Municipal por incumplimiento de un deber legal en San Luis Río Colorado
-El autor material del homicidio se encuentra prófugo en Estados Unidos de América y se trabaja para que sea entregado a la justicia sonorense
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que fueron vinculados a proceso Gustavo "N", de 48 años, y José Alberto "N", de 29 años, ambos agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado, señalados como presuntos responsables del delito de incumplimiento de un deber legal.
Los hechos ocurrieron el día 3 de abril de 2025, aproximadamente entre las 21:42 y las 22:00 horas, en el lugar ubicado en la avenida Obregón y calle 7 de la colonia Comercial; en ese momento, los imputados detuvieron a un adolescente de 17 años, debido a su presunta participación en un accidente de tránsito.
Sin embargo, incumplieron con su deber legal de ponerlo a disposición de la autoridad competente, permitiendo que el involucrado quedara en libertad sin que se siguieran los procedimientos establecidos por Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con lo cual, con sus omisiones, le dieron una ventaja al autor material del homicidio.
El Juez determinó imponer a los agentes municipales la medida cautelar de prisión preventiva justificada con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.
En lo concerniente al involucrado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se encuentra sustraído de la acción de la justicia, al haber cruzado la frontera horas antes de la audiencia inicial, por lo cual, se solicitará por los conductos correspondientes a las autoridades de Estados Unidos de América la entrega del menor.
Esta representación social reitera que no se tolerará la impunidad y se actuará con diligencia contra cualquier otro servidor público que pudiera estar relacionado con cualquier encubrimiento o favorecimiento ilícito que pretenda beneficiar al hoy prófugo de la justicia.