Ubicado dentro de los municipios con más casos de violencia familiar en el estado de Sonora, San Luis Río Colorado pasó de 63 delitos de este tipo entre enero y abril del año 2023; a 116 en el mismo periodo del año 2024, con un incremento de 48.5%, se indica en el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.
En tanto, el Instituto Sonorense de la Mujer señala en su informe anual correspondiente al año 2023, que San Luis Río Colorado ocupó el primer lugar en incidentes reportados de violencia familiar por cada mil mujeres, al contabilizar 45.9 casos.
En un comparativo, el mismo informe detalla que la capital del estado de Sonora, con una mayor población, registró 39.2 casos y Cajeme 32.2 incidentes.
El artículo 234-A del código penal del estado de Sonora señala que "Por violencia familiar se entiende todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, económica y/o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia.
Para la psicóloga Rosalinda Mendoza Dueñas, ex coordinadora regional del Instituto Sonorense de la Mujer en esta frontera, la violencia familiar se presenta mayormente con afectación a la mujer, ya sea esposa o concubina, con repercusiones inmediatas y directas en los hijos, sobre todo cuando son menores de edad.
"La principal viene por su pareja, por su pareja y últimamente por las cuestiones de adicción, ya se está dando de hijos hacia la madre y eso pues ya está ya muy grave, verdad?. De que ya el núcleo familiar se está afectando mucho no solamente ya por la pareja sino por otros, este, integrantes de la familia".
Sonora se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en incidencia por violencia familiar, y cada año este problema social va al alza; en el 2019 se abrieron 3 mil 587 carpetas de averiguación, mientras que en el 2020 la cifra ascendió a 5 mil 450 denuncias de mujeres que fueron agredidas en sus hogares.
El Código penal indica que al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de uno a seis años de prisión, y pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de alimentos,
Se establece la misma pena a quienes usen herramientas tecnológicas o de telefonía celular para cometer violencia contra cualquier miembro de la familia y cuando la víctima se trate de un menor, será condenado a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad.