Migrantes que trabajaron legalmente varios años en Estados Unidos pero que por cometer delitos menores fueron deportados, buscan reclamar una pensión que les permita vivir su vejez en México.
Algunos de ellos resienten no solo el paso de los años, sino además las consecuencias físicas de accidentes y lesiones físicas.
Un caso es el de Jaime León Durán, quien a sus 68 años todavía lucha por lograr que en Estados Unidos se le reconozcan los años que trabajó legalmente gracias que desde los años ochentas logró obtener la residencia legal en Eloy, Arizona.
Refiere que debido a violaciones a la ley que cometió durante su estancia en Estados Unidos fue que lo deportaron en 2016, a pesar de que los problemas en que se miró envuelto eran delitos menores. Asegura tener una hija en Estados Unidos.
"Según migración en el Paso, Texas, me dicen que tres delitos menores se convertía en una felonía y yo tenía que salir a México (...) y yo no quería firmarles e hice nueve meses de prisión (...) ya la tercera vez que me llevaron a Corte dije ya no quiero nada, que ya me cansé".
Entre las secuelas de accidentes y lesiones que sufrió Jaime en Estados está la pérdida de la visión en el ojo izquierdo, también se le amputó parte del dedo pulgar de la mano izquierda y fue atropellado, lo que dejó secuelas en la pierna derecha.
A pesar de todo, Jaime no pierde la esperanza de poder recuperar una pensión en Estados Unidos por los años trabajados.
"Porque trabajé mi Seguro Social algunos doce o trece años, derecho completamente, limpio, jamás un delito fuerte o algo (...) violencia familiar pues dicen que fue, pero jamás un golpe".
Otro caso es el de Miguel Campuzano Patiño, quien luego de trabajar más de 20 años en el Norte de California en una zona forestal, en la frontera con Oregon, en una reserva indígena llamada Hupa, fue deportado en 2009, debido a que no renovó su permiso de residencia.
"Se cansaron de, cómo se me había vencido me llevaban y no la renové, la migración no me, pues se me venció pues (...) y pues me agarraron y me sacaron".
Los problemas familiares con su ex pareja, con quien procreó tres hijas, también motivaron que ahora no tenga contacto con ellas. Incluso, dice, fue condenado a pagar manutención familiar.
Sin embargo, dice que si tuviera contacto con sus hijas Janeth, Michel y Claudia, éstas lo podrían ayudar a regresar legalmente a Estados Unidos. A ellas les manda un mensaje:
"Que las quiero mucho y las extraño (...) Que las extraño y las quiero mucho, estoy aquí en San Luis Río Colorado, tengo donde quedarme, pero no tengo trabajo".
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
A disposición de la Fiscalía General de la República quedó un vehículo y droga del tipo marihuana, que fue asegurada por elementos municipales y estatales del Mando Único Policial, cuando realizaban su recorrido de vigilancia en el ejido Islita.
La ubicación se registró la tarde de este domingo, luego de que el operativo coordinado de Policía del Mando Único transitara por la calle 9, entre Av. Lázaro Cárdenas y Av. Emiliano Zapata, y se percataran de un vehículo en aparente abandono.
Se trata de una vagoneta marca Chevrolet, línea Tahoe, modelo 2000, sin placas vigentes y sin personas a bordo. En la inspección al interior se localizó un paquete confeccionado con cinta canela y gris, el cual contenía una hierba verde similar a la marihuana, con un peso aproximado de 6 kilogramos.
El vehículo y la droga asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, para los fines legales correspondientes.
Requerido por delito contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Ponen a disposición de la Fiscalía General de la República a un individuo que fue sorprendido cometiendo faltas al Bando de Policía y Gobierno, mismo que resultó con orden de aprehensión vigente, informa la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Mando Único Policial.
La detención se registró este pasado fin de semana, cuando los agentes municipales y estatales del grupo operativo del Mando Único realizaban su recorrido de vigilancia de sector en la colonia Topahue y detectaron a un individuo que espiaba al interior de un domicilio en la Av. Bolivia y calle 16.
El individuo se identificó como Francisco, de 50 años, originario de Oaxaca y con domicilio en la ciudad de Mexicali, Baja California, quien se comportaba de manera nerviosa ante la presencia policial, y al ser verificado resultó con una orden de aprehensión vigente.
El mandamiento judicial fue girado por autoridades de la Fiscalía Federal Ministerial de Baja California, por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina, marihuana y heroína con fines de comercio, así como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con fecha del 23 de abril de 2025.
El detenido fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, quienes ejecutaron la orden y lo trasladarán a la instancia federal de Baja California para los trámites correspondientes.
