Esas son las condiciones que unos 500 permisionarios de El Golfo de Santa Clara y otros tantos de San Felipe y el Alto Golfo atraviesan y que les impide tener en claro qué deben hacer la Secretaría de Marina, la Sagarpa y Conapesca, para evitar que se explote ilegalmente la totoaba y que las artes pesqueras sean las adecuadas para que se proteja el hábitat de la vaquita marina en esta zona; lo que es aprovechado por cientos de pescadores ilegales que ni viven en la región, dejándolos sin producto para cuando las reglas se definen.
Otra limitante es la descontinuación de un estudio que actualmente está inconcluso por la Inapesca antes del desorden de la pesca ilegal de la totoaba para afinar un dictamen para la explotación deportiva de esa especie, pero la tardanza ocasionaría que de tantos ejemplares que se pescaban por el tan ansiado buche ya no haya suficiente cantidad ni para legalizar esa práctica.
Y siguen las incongruencias de las autoridades porque por ejemplo en Santa Clara la pesca es a 8 kilómetros de tierra, comparó el productor, y además el Gobierno Mexicano le permite a Estados Unidos quitarles el arte de pesca con la que ya se había demostrado no se afecta a la vaquita, de la que los últimos estudios mostraban hay de 8 a 9.
Hay de pescadores a pescadores, recalca Tirado Pineda, el Gobierno les había impuesto en estrategias anteriores contar con permiso, seguridad marítima con elementos de la Secretaría de Marina, manifiesto de impacto ambiental dentro de zona protegida y un dispositivo satelital para geolocalización con qué comprobar que estuvieran en las zonas permitidas, pero esos recursos administrativos se perdieron, al no haber claridad..