Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Unión Estatal de Centros de Rehabilitación "Unidos del Bajío", está liderando esfuerzos para regularizar los centros de rehabilitación adheridos a la unión. Actualmente, la prioridad es obtener el uso de suelo y la certificación ante la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), aunque este último proceso se ha revelado como un desafío.
Uno de los principales requisitos exigidos por la CONADIC es contar con espacios adecuados para llevar a cabo los programas de rehabilitación. Aunque los centros que han sido adquiridos por la unión cumplen con este requisito y cuentan con un responsable sanitario, existen otros centros no regulados que no cumplen con los estándares y han sido objeto de ataques recientes.
La Unión Estatal de Centros de Rehabilitación "Unidos del Bajío" está compuesta por 120 asociaciones en total. Sin embargo, solo una de ellas ha logrado obtener la certificación en la ciudad de Irapuato. En Salamanca, por otro lado, se encuentran ubicados 46 centros de rehabilitación, pero únicamente 6 de ellos pertenecen a la unión, el resto son anexos que se han aperturado y que no están regulados.
Con el objetivo de garantizar la seguridad y calidad de los servicios brindados por los centros de rehabilitación, la unión ha solicitado a las autoridades que se realice una revisión exhaustiva de los centros no regulados. Esta acción tiene como finalidad identificar aquellos que operan de manera irregular y que podrían estar involucrados en actividades ilegales, como el reclutamiento de jóvenes.
Además de los centros no regulados, también se ha observado un aumento en la apertura de nuevos centros de rehabilitación que carecen de los permisos correspondientes. Esta situación es motivo de preocupación, ya que pone en riesgo la integridad de las personas que buscan ayuda y confían en estos establecimientos para su recuperación.
La Unión Estatal de Centros de Rehabilitación "Unidos del Bajío" hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas adecuadas y efectivas con el fin de regularizar los centros no regulados, así como para prevenir la apertura de nuevos centros sin permisos. Asimismo, se espera que se refuercen las medidas de supervisión y control para garantizar la seguridad y el bienestar de los individuos que buscan rehabilitarse de adicciones en la región del Bajío.