En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo un fallo histórico para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar: determinó que perseguir y penalizar con cárcel a quienes abortan va en contra de la Constitución mexicana.
Tras 3 años del fallo, aún hay Estados que no han homologado sus Códigos penales locales. Es decir, continúan penando el aborto y criminalizando a las personas que lo practican, a quienes les ayudan o brindan acompañamiento. Las mujeres enfrentan todo tipo de situaciones para hacer valer sus derechos reproductivos: médicos que se niegan a brindar atención, malos tratos e incluso obstáculos inventados.
Actualmente el legal la interrupción del embarazo en: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Colima, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco, Aguascalientes.
En México, la tasa de abortos inducidos es de 33 por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años, lo que es ligeramente mayor al promedio de América Latina, que es de 31 por cada 1,000. En México, aproximadamente 44 abortos ocurren por cada 100 nacidos vivos.
Entre el año 2007 y mayo de 2023, se practicaron un total de 263.267 abortos legales, de los cuales 180.778 correspondían a mujeres residentes en Ciudad de México.
De acuerdo a Statista (plataforma de estadísticas que ofrece información sobre temas de mercado, investigación de mercado, y inteligencia de negocios) Guanajuato, registró 545 casos de interrupción de embarazo legales de 2007 a 2023.