Ley general de víctimas debe apoyar a familias
En 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue publicada la Ley General de Víctimas, que dio pie a la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atender y acompañar a víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, como la desaparición y los feminicidios, en el ámbito federal, con el fin de garantizarles acceso a la justicia, la verdad y a la reparación integral.
La Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales.
En el capítulo II, DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN, en el Artículo 8. Menciona que las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las Comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos