El tiempo sigue corriendo y el Gobierno municipal de Salamanca no ha tomado en cuenta las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que indicaban que el gobierno municipal, debería emitir una disculpa pública, por el caso de Antonio Quintana quien presuntamente se suicidó en los separos del C4 el pasado 17 de Febrero, la orden, fue presentada el pasado 27 de marzo y a casi dos meses de haberse emitido, el Ayuntamiento no ha cumplido.
Hay que recordar que el caso de Antonio Quintana se registró en Febrero de este año, cuando fue aprehendido por elementos de Policía Municipal después de haber sido reportada una riña familiar en la colonia San Roque, los uniformados procedieron a la detención, la cual se efectuó con evidente maltrato físico desde la detención hasta el traslado, y fue hasta la mañana siguiente del 18 de febrero, que los familiares fueron notificados del deceso de Antonio, por una tercera persona ajena al complejo de seguridad. La entrega del cuerpo se llevó a cabo de manera rápida sin explicaciones por parte de Seguridad Pública, sin explicar lo que había sucedido.
Sumado a esto, el Ayuntamiento tampoco salió a dar la cara primeramente, sino hasta tres días después, luego de la presión mediática respaldada por los familiares, momento en el que el presidente municipal, César Prieto, dijo que pagaría los gastos funerarios y hasta ofreció a los familiares ver las cámaras del C4, cuestión que no sucedió.
Por todos estas ambigüedades, la Procuraría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió siete recomendaciones al Gobierno de César Prieto, entre las que destacan pago monetario de reparación del daño y una disculpa pública por parte de los principales actores, en las que deberían figurar el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento Guillermo García Flores, los dos Síndicos Alma Berrones Aguayo y Gerardo Aguirre, así como el titular de Seguridad Pública Alejandro Flores Jiménez, la disculpa debe ser de manera pública, en compañía de los dolientes, así como policías, médicos y todo el personal de seguridad involucrado.
Esta recomendación se emitió el 27 de Marzo y tuvo vigencia el 27 de Abril y aún a esta fecha, a más de la mitad de Mayo, el alcalde César Prieto, no tiene ni fecha de cuando se llevará a cabo pese a que el plazo ya venció y puede provocar sanciones.
En entrevista el munícipe dijo que revisarán cuando pueden realizar dicha indicación, argumentando que ya hubo un acercamiento con la familia, señaló que espera la respuesta y el informe del coronel para establecer los lineamientos y la fecha.