El Gobierno local y estatal, han aletargado los procedimientos para poner en orden los permisos que necesitan los anexos para poder operar bajo la NOM-028-SSA2-2009, estipulada para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, así lo expresó Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.
En el caso particular de Salamanca, destacó que lo último que se le dijo, fue que no podían avanzar derivado de que se encontraba en revisión el plan interno de protección civil, lo que para él sonó a pretexto, pues reiteró que están en total disposición de ponerse 'a raya' para seguir operando. Entre los papeles que necesitan es el permiso de uso de suelo, el cual pudiera liberarse en corto tiempo si el Municipio tuviera voluntad.
Por otra parte, el Presidente señaló que al no obtener respuesta favorable del Municipio, se buscó una reunión a nivel estatal, que de igual manera se les ha dado largas.
Finalmente, insistió en buscar poner orden con los anexos afiliados a su organización, pero pareciera que el gobierno no quisiera cooperar.