El pasado 25 de enero, un grupo de mujeres apoyadas por los trabajadores de la empresa autotransportes istmeños, tomaron la carretera en Juchitán, Oaxaca, para exigir la liberación de 20 choferes detenidos en el Estado de Veracruz, por transportar a los migrantes que participaban en la caravana "Éxodo de la pobreza", este hecho dejó en evidencia la falta de efectividad en la aplicación de las leyes mexicanas en materia de migración, debido a que el traslado de los extranjeros se había hecho bajo anuencia del gobierno de la entidad Oaxaqueña.
Las leyes migratorias en México establecen que la entrada ilegal, que se define como "el paso de fronteras sin haber cumplido con los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor".
Resulta ser un proceso complicado y peligroso que da lugar a que los migrantes acudan de forma constante a redes de personas, comúnmente denominados "polleros", que se presentan como expertos en el traslado clandestino hasta el vecino país, y que prometen ayudarlos para llegar exitosamente a ese destino a cambio de beneficios financieros o de orden material, aunque en muchas ocasiones los migrantes han sido víctimas de robos, violaciones, engaños y extorsiones que ponen en riesgo su vida e integridad.
Esta actividad de trasladar personas indocumentadas a cambio de una ganancia económica, ha dado origen a una industria altamente lucrativa que constituye un delito denominado "tráfico de indocumentados", actualmente previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población, que sanciona, entre otros supuestos, a las personas que con ese propósito pretendan llevar o lleven a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país sin la documentación correspondiente.
Las autoridades mexicanas han detenido al menos a 315 traficantes de migrantes en todo el país en el 2023, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
Fueron en total 13 estados donde se llevaron a cabo los operativos para la detención de los presuntos traficantes de personas migrantes en el territorio nacional.
Sin embargo, estas leyes quedan como letra muerta en Juchitán, donde diariamente se observa el traslado de migrantes a bordo de taxis, mototaxis y vehículos del servicio particular que prestan este tipo de servicios, sin que ninguna autoridad implemente la aplicación de las leyes migratorias.