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21 de Noviembre del 2024

DD. HH.

Aborto, en la teoría derecho fundamental, en la práctica criminalización

17 años han pasado en la lucha para lograr la despenalización del aborto en el país, desde el 2007, la Ciudad de México fue la pionera en este proceder.

Protestas, marchas, legislaciones, exhortos, emplazamientos, han sido parte de las acciones realizadas por el conocido movimiento feminista marea verde, logrando tan solo en la Ciudad de México cerca de 300 mil procedimientos desde su aprobación hasta marzo de 2024.

Pero los retos persisten pues en algunos estados el acceso a este derecho todavía es parcial, hasta el momento, en 14 de las 32 entidades del país ya es legal la interrupción voluntaria del embarazo -la mayoría hasta la semana 12 de gestación- sin necesidad de que la persona gestante justifique su decisión, mientras que en otras es penado y condenado socialmente.

El caso de Esmeralda, menor de 14 años que fue acusada de homicidio por la Fiscalía de Querétaro luego de perder al producto de una violación que sufrió, nos demuestra las deficiencias y retos que aún existen en ese tema, le fallaron las autoridades y la sociedad, incluso su familia, si no fuera por lo mediático del caso y el cuestionamiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, probamente Esmeralda estuviera pagando una condena y una compensación a su violador, así la justicia en México cuando no se expone.

En Oaxaca, desde el mes de septiembre de 2019 se aprobó la despenalización del aborto, actualmente 11 unidades médicas ofrecen la Interrupción Legal del Embarazo, realizando hasta el mes de setiembre de 2024, dos mil 193 procedimientos.

Oaxaca registra un número muy bajo de atenciones pese a ser el segundo estado en permitir el aborto hasta la semana 12 de gestación.

Para la organización feminista Consorcio Oaxaca, en la teoría, el acceso a la interrupción legal del embarazo es un derecho fundamental, sin embargo, en la práctica, persisten una serie de obstáculos y dilaciones que hacen que este derecho sea inaccesible, destacando que las mujeres gestantes que buscan acceder a una interrupción legal del embarazo son sometidas a tratos denigrantes y prejuiciosos, por falta de empatía y conocimientos del personal de salud.






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