Esta más que comprobado que las causas principales de los accidentes automovilísticos, son el abuso en el consumo del alcohol o sustancias, el exceso de velocidad, u un mal estado físico de las carreteras y mecánico de los vehículos.
Sin embargo, esto ha sido aprovechado por algunas autoridades de la policía vial, policías municipales y de repente hasta de la guardia nacional, cuando se implementan los operativos conjuntos de alcoholimetría
Generalmente a través de claves o códigos radiofónicos se comunican en muchos de los casos apoyados de centros de video vigilancia municipal para ubicarse en puntos clave, no necesariamente sobre una avenida o crucero importante más bien, en esquinas cercanas a los antros, o lugares masivos de consumo de alcohol.
Colegios y Barras de abogados en Oaxaca han denunciado a nombre de cientos de afectados los excesos cometidos porque violentan derechos humanos, al aplicar operativos fuera del marco de la ley rebasando incluso las normas establecidas a nivel nacional.
Con total abuso de autoridad decenas de victimas de estas operaciones donde prevalece la corrupción y la extorsión, lo único que tienen a su alcance es usar sus redes sociales para señalar estos abusos, donde parece no importar sis hay menores de edad dentro de los vehículos, o incluso realizar las pruebas de aliento alcohólico al conductor..
Las quejas son por que se cometen agresiones, golpes y hasta torturas en los centros de detención llamados "toritos", o separos municipales, además excesivos y diversos cobros por multas,
La ciudad de Oaxaca, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz Amilpas, o Salina Cruz son de los municipios con mayor queja al respecto or las tarifas que son impuestas por los elementos policíacos y pueden ir entre 8 mil, 10 mil y hasta 40 mil pesos de forma inconmutable.
Al respecto la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca tiene 25 expedientes y un registro de 685 quejas por presunto abuso policial.
En ese sentido poco o nada ha hecho la Cámara de Diputados de Oaxaca, para emitir una regulación de tarifas en los operativos de alcoholemia, aunque todos los municipios deben regir sus operativos y multas en base a una norma única, emitida por la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes y la Ley Estatal de Tránsito sin agraviar ningún derecho ciudadano, donde solo se debe asegurar el vehículo, sin incurrir en la detención del infractor, y pagar su multa con trabajo comunitario, y no a través de corrupción o abuso de autoridad como lo registrado en Santa Lucia del Camino donde un elemento de la policía vial municipal disparo a un estudiante por evadir el operativo y momentos después murió en el hospital.