En México, la mayoría de indígenas que guardan prisión está en cárceles de Oaxaca, y esto no es de extrañar, ya que es el estado con mayor diversidad indígena, hay un millón 193 mil 229 personas que hablan lenguas indígenas, lo que representa el 31.2% de la población total, estando por debajo Chiapas (28.2 %), Yucatán (23.7 %) y Guerrero (15.5 %).
De acuerdo al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales, al cierre de 2022, 7 mil 506, personas privadas de la libertad, reportaron pertenecer a algún pueblo indígena del país, de ellos, Oaxaca concentra mil 232 personas, de grupos como el náhuatl, zapoteco, mixteco, mazateco, chinanteco, mixe, entre otros más.
El pasado 23 de diciembre del 2023, el gobierno del estado entregó 106, boletas de liberación a personas de origen indígena y de escasos recursos económicos, que te que tenían condenas por delitos menores.
Pese a estas acciones, consideradas como un acto de justicia social, lo cierto es que en Oaxaca, se violan los derechos indígenas, de acuerdo con Así Legal, una organización de la sociedad civil en México que brinda asistencia legal a personas en estado de vulnerabilidad que se encuentran privadas de la libertad, en Oaxaca, el 60 % de la población indígena encarcelada no tuvo acceso a un interprete/traductor, las personas que, si tuvieron acceso a interpretación/ traducción, un enorme 46 % manifestó que, a pesar de ello, no entendieron la información que se les estaba dando.
Defensores interculturales reprueban que en las autoridades no exista voluntad para de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tengan una ley de intérpretes y traductores, que obligue a las instituciones gubernamentales a prestar sus servicios en lenguas indígenas, lo que deja en indefensión a este sector, de acuerdo con datos de Asistencia Legal por los Derecho Humanos, el 40% de las personas privadas de su libertad en el país no tienen sentencia, mientras que en el caso de los indígenas, el porcentaje alcanza hasta el 80%.