La Fiscalía General de la República ejerce primeras acciones penales en contra Christian Hernández Fuentes y Juan Gabriel Rodríguez Matus, ex director y ex jefe de la unidad jurídica del registro civil de Oaxaca respectivamente, quienes este 21 de febrero del 2023 fueron citados a comparecer ante un Juez Federal.
La comparecencia se dio tras ser señalados de los delitos de robo y suplantación de identidades en contra de los hermanos Conzatti, además de la falsificación de documentos oficiales, de declaraciones y desacato a órdenes judiciales, luego de que en noviembre de 2020, un juez federal le otorgó a los hermanos Gómez Conzatti la suspensión definitiva a su favor y ordenó la inscripción de los mismos en los registros de nacimiento en Oaxaca, a pesar de ello ambos funcionarios acusaron a los hermanos de querer utilizar una identidad que no les correspondía.
Sin embargo, en abril de 2021, la fiscalía general de la República re dictaminó falsas las identidades que el notario 135 Jorge Merlo y el registro civil de Oaxaca que habían falsificado para despojar a los hermanos Gómez Conzatti, y dicha investigación fue complementada por la Fiscalía del Estado de Oaxaca, en julio de 2021.
En agosto de 2022, el ex Fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, aseguró que en breve habría órdenes de aprehensión en contra de los posibles vinculados, no obstante, hasta la fecha y tras su salida, no existen avances en las investigaciones, además, aseguró que la lucha de los hermanos Gómez Conzatti evidenció la operación de despojos a gran escala que se realizaba en la administración anterior de Oaxaca.
A este fenómeno se le denominó "Cártel del Despojo", una red de corrupción integrada por funcionarios, notarios y empresarios oaxaqueños que se ampararon bajo la impunidad para despojar cientos de millones de pesos en bienes inmuebles, así como terrenos en zonas comunales, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que de marzo del 2021 a julio del 2022 existían 1467 carpetas de investigación al respecto.
En septiembre del 2022 el Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa reconoció los delitos cometidos, a la par, el fiscal anticorrupción de Oaxaca señaló que hasta ese momento existían cinco carpetas de investigación por este caso.