El INEGI clasifica las discapacidades en sensoriales y de comunicación, motores, mentales y otras, incluyendo visual, auditiva, sordo-ceguera, intelectual, psicosocial, física y múltiple.
En Oaxaca, una persona que no presenta discapacidades de este tipo, tiene nueve veces más posibilidades de ser contratada para laborar en una empresa.
En 2022, solo el 39.7% de las personas entre 15 y 59 años en México tenían contrato laboral por escrito, mientras que apenas el 13.6% de los hablantes de lengua indígena contaban con esta oportunidad, invisibilizando a quienes además tienen discapacidad según el Conapred.
Sin políticas públicas efectivas, la única ayuda que reciben es una pensión bimestral de 3,200 pesos que son alrededor de 53 pesos diarios, con lo cual tienen que cubrir todas sus necesidades básicas como la alimentación o su salud, lo que obliga a buscar otras fuentes de ingreso. Muchos recurren al autoempleo, vendiendo dulces, artesanías o, en el peor de los casos, pidiendo dinero en la calle, expuestos a condiciones extremas, inseguridad y discriminación.
El Programa Nacional de Trabajo y Empleo 2024 revela que solo el 30% de las personas con discapacidad tienen empleo, con solo el 18 por ciento de mujeres integradas, frente a un porcentaje de 42.3 de hombres.
Aunque el gobierno ha implementado algunos programas, como "Trabajo sin Límites", donde se han impartido cursos breves; son capacitaciones que duran apenas uno o dos días y que otorgan solo certificados, evidenciando la brecha entre lo anunciado y la realidad. La desconfianza de muchos empleadores, que dudan de la capacitación y temen que la discapacidad afecte el desempeño, deja a estas personas en una situación vulnerable, dependiendo de ingresos informales o de apoyos del estado limitados.
Es importante que el gobierno garantice oportunidades reales y derechos fundamentales para todos, mientras que la sociedad debe romper con prejuicios, fomentar la empatía y valorar la diversidad como un motor de progreso colectivo.