Hasta el 2022 la policía vial reportó una relación de 44 encierros y depósitos vehiculares en las diferentes regiones del estado de Oaxaca. Se trata de espacios propiedad del gobierno del estado o de particulares con una concesión y los motivos de acuerdo al reglamento de tránsito para el ingreso a un corralón son por conducir en estado de ebriedad, el influjo de drogas o psicotrópicos. participar en un accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que pudiesen configurar delito o prestar el servicio público sin la debida autorización.
La Ley de Encierros y Depósitos de Vehículos para el Estado de Oaxaca, instituye para los concesionarios o responsables fijar tarifas accesibles; la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad que ampare los daños, la pérdida o robo de los vehículos al estar en los encierros, así como las sanciones para el caso de incumplimiento a la Ley., lo que generalmente no sucede, ni tampoco se supervisa, pues la corrupción que impera en estos casos el alta por ejemplo el costo del pago de piso o resguardo, infracción arrastre y otros cargos, generan en muchas ocasiones que el monto supere el valor de las unidades retenidas.
A pesar de que la ley establece que después de 5 años la autoridad federal puede proceder a una subasta, la realidad es que, en varios de estos sitios, no solo se convierte en una tienda de partes usadas, sino también en depósitos de unidades involucradas en diversos delitos.
Dentro de los casos más polémicos en Oaxaca fue el del encierro primavera en 2022 donde fueron sustraídos 426 vehículos, 350 motocicletas, 34 bicicletas y un montículo de desperdicios, desde luego con la participación de servidores públicos.
Las múltiples quejas de transportistas o automovilistas y de abogados sostienen que no siempre se actúa de acuerdo a la ley de movilidad del estado, sino más bien a un contubernio entre autoridades, compañías aseguradoras y trabajadores de estos lugares.