En 11 años la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) lleva un registro de 105 expedientes por desplazamientos forzados internos en al menos 55 localidades y en perjuicio de 2 mil 600 personas.
El titular del organismo estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, asegura que los desplazamientos forzados son debido a temas agrarios por límites de tierras, y en algunos casos a procesos poselectorales que lleguen a generar un clima de violencia, además de problemas entre agencias y cabeceras municipales en la exigencia de recursos, así como fenómenos naturales y fallas geológicas.
Destacó que el desplazamiento forzado vuelve doblemente vulnerables a quienes ya lo son como niños, niñas y mujeres, y por lo cual es importante tener una dimensión más clara y poder acercar más apoyos a los mismos.
El Ombudsman de Oaxaca precisó que las características del estado son particulares porque hay una conflictividad social importante y es necesario generar condiciones para que las comunidades mantengan procesos de diálogo que les permitan resolver sus diferencias.