En una entrevista reveladora, la periodista de investigación Lucía Pérez Paz expone las enormes dificultades que enfrentan los periodistas y ciudadanos al intentar acceder a información pública en México. Pérez Paz explica que, aunque existen plataformas oficiales para solicitar datos, las respuestas a menudo son tardías o incompletas, con algunas solicitudes demorando hasta un año. Esta falta de transparencia, según Pérez Paz, no se debe a la carga de trabajo, sino a una resistencia sistemática para ocultar información.
Lucía menciona que, en su experiencia, incluso cuando se supone que los organismos deben hacer pública cierta información de oficio, la realidad es que la mayoría de los archivos disponibles no contienen datos relevantes o actualizados. Por ejemplo, un intento de acceder a la lista de proveedores de la fiscalía del estado resultó en la visualización de una foto del informe del sexenio pasado de Rubén Moreira, un error que ilustra la superficialidad con la que se maneja la transparencia.
La periodista también destaca el fenómeno de la "simulación de transparencia", donde las instituciones gubernamentales cumplen con los requisitos de subir información, pero la misma no es verificable o es removida poco después. Además, cuestiona la alta calificación en transparencia que algunas instituciones reciben del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), a pesar de la evidente falta de cumplimiento con los estándares establecidos.
Pérez Paz enfatiza que esta situación no solo afecta a los periodistas, sino a toda la sociedad, ya que la falta de transparencia impide el escrutinio público y la rendición de cuentas. La entrevista concluye con un llamado a los ciudadanos a exigir mayor transparencia y a reconocer que todos los partidos políticos tienen problemas similares en este aspecto, subrayando la importancia de una vigilancia constante y activa.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), dio a conocer, que realiza los trabajos ministeriales y periciales para definir las líneas de investigación derivada de los hechos acontecidos el 4 de abril de 2025, en el municipio de San Pedro Quiatoni, en los que, de manera preliminar, se puede confirmar de manera oficial que perdieron la vida dos personas del sexo masculino.
De acuerdo con las entrevistas iniciales, se trató de una confrontación entre pobladores de San Pedro Quiatoni y habitantes de la Agencia de Soledad Salinas, perteneciente al mismo municipio, la cual ocurrió en la comunidad de Unión Juárez.
Derivado de estos hechos, dos personas del sexo masculino perdieron la vida a consecuencia de las lesiones infligidas por disparo de arma de fuego, una de ellas identificada por las iniciales J. M. -originario de San Pedro Quiatoni-, así como O. S. S. -originario de Soledad Salinas.
En el lugar, se llevan a cabo las labores de procuración de justicia a cargo de la Fiscalía de Oaxaca, que trabaja en colaboración con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana, para garantizar las condiciones necesarias de seguridad en esta comunidad.
Como parte de los recorridos de disuasión, seguridad y vigilancia, la Policía Vial Estatal aseguró a un conductor y su camioneta, al percatarse que transportaba seis aves en peligro de extinción sin el permiso correspondiente de la autoridad competente.
Los hechos ocurrieron en la calle Fresnos, esquina con la avenida Símbolos Patrios, a la altura de la Cervecera Cuauhtémoc, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, cuando los motopatrulleros de la corporación marcaron el alto al conductor, quien hacía uso del celular mientras manejaba y no portaba placas de circulación.
El sujeto se identificó como G.F.B.P. de 27 años, quien conducía una camioneta marca Nissan, tipo NP300, color blanco, modelo 2023.
Tras solicitarle la documentación correspondiente y no contar con ella, el masculino y la unidad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de aprovechamiento extractivo ilegal de ejemplares de vida silvestre, mientras que las aves fueron entregadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).