A pesar de los discursos oficiales sobre inclusión y diversidad, la realidad de las comunidades indígenas sigue marcada por la marginación, la violencia y la invisibilización. La discriminación que enfrentan tiene raíces profundas en un racismo heredado desde la época de la colonia, a la fecha los mantiene en desventaja en el acceso a derechos fundamentales como salud, educación, justicia y empleo.
El 1º de octubre de 2024 entró en vigor la reforma del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En Oaxaca busca reconocer una justicia social y preservado sus raíces ancestrales, a través de un reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público a su identidad cultural , de su personalidad jurídica y patrimonio propio, entre otros.
Sin embargo, la reforma no resuelve todos los problemas pues poco se ha trabajado en la implementación de leyes para el aprovechamiento sustentable de los bosques o en una ley de consulta a pueblos indígenas, es decir los retos a nivel de cambios legislativos, institucionales, y en general a nivel del cambio del trato con los pueblos. ¿Entonces se saldará la deuda histórica?
En Oaxaca, donde el 69% de la población se auto identifica como indígena sin embargo, de acuerdo al informe La discriminación en México del INEGI, Oaxaca ocupa el quinto lugar nacional con un 26.7%, superado solo por Ciudad de México, Puebla, Yucatán, Querétaro y Jalisco.
Sumando la falta de información en varias áreas y derechos en sus lenguas maternas y el analfabetismo han dificultado su integración, mientras que los estereotipos que los asocian con la pobreza o la falta de capacidad refuerzan la exclusión social y económica.