Emiten alerta temprana por conflicto en San Dionisio
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una Alerta Temprana por el "caso
elecciones extraordinarias en San Dionisio del Mar", ante el riesgo de
violaciones a derechos humanos de difícil o imposible reparación para quienes
puedan estar involucrados en este conflicto.
La instancia defensora detalló que dirigió esta alerta a la
Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPO), a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO),
así como a la comunidad de San Dionisio del Mar.
Solicita a la SEGEGO implemente y coordine mesas de trabajo resolutivas a efecto de atender en forma integral y responsable el problema, con la finalidad de garantizar la paz, la gobernabilidad, así como una
convivencia armónica entre los habitantes.
El órgano defensor recapituló que desde hace aproximadamente
siete años, el Ayuntamiento de San Dionisio del Mar arrastra un conflicto
electoral que ha impedido celebrar elecciones para renovar autoridades
municipales desde 2013, ya que las elecciones celebradas en julio de ese año
fueron anuladas por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
La alerta temprana emitida en
vista del conflicto electoral no resuelto en San Dionisio del Mar, insta a la Secretaría
de Seguridad Pública Estatal a fin de que coordine acciones tendientes a que la
Policía Estatal ejecute un plan de atención integral en materia de seguridad
pública,
La alerta temprana
solicita al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca que en las determinaciones que se dicten con motivo de las
elecciones extraordinarias a celebrarse el 9 de diciembre próximo en San
Dionisio del Mar, se tomen en consideración los derechos humanos establecidos
en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano,
garantizando la libre determinación de dicha comunidad como población indígena.