El ser alcalde hoy en día conlleva a una serie de problemas sociales que no siempre se solucionan con el dialogo, es el caso del presidente municipal de La Reforma, Cipriano Arturo Guzmán Bohórquez, quien, junto con 3 colaboradores, estuvo prácticamente secuestrado por parte de pobladores de 2 agencias municipales, Etanzuela Grande y Rio Tigre para forzarlo a que autorizara incremento en las participaciones de estas agencias.
Durante 47 días, las marchas, conferencias de prensa, llamados al Gobernador de Oaxaca, los reportes del estado de salud del edil, o la solicitud que hiciera la defensoría de derechos humanos de mandar médicos para revisar el deterioro físico y psicológico, al parecer no fueron suficientes.
La problemática, no solo tomo tintes políticos, también donde valdría la pena saber si la fiscalía anticorrupción investiga la principal acusación que deriva en la desaparición de poderes y es que fue señalado de retener los recursos de los ramos 33 y 28 por un adeudo de 3 millones 300 mil pesos a la comunidad
Ante estos hechos, considerando una aparente ingobernabilidad el pasado miércoles 3 de Julio de 2024, la (LXV) Legislatura local declaró procedente la suspensión del ayuntamiento constitucional del municipio La Reforma, perteneciente al distrito de Putla, electo para el periodo 2023-2025.
Cabe destacar que en este 2024 ha habido un incremento en estas solicitudes al congreso, los municipios oaxaqueños con cambio de autoridades son: San Mateo Río Hondo, San Martín Itunyoso, Asunción Ocotlán, Reforma de Pineda, La Reforma Sola de vega, Tamazulápam del Progreso, San Antonio Nanahuatípam y La Reforma, Putla de Guerrero
La desaparición de poderes es un proceso legal, que se declara por distintas causas, pueden ser políticas o sociales, tienen varias explicaciones, cuando se gobierna a través de caciques, pugna por el manejo de los recursos públicos, o se rompe la gobernabilidad del municipio.
Una vez aprobada la solicitud de inmediato fue liberado Guzmán Bohórquez y tres personas más comprometiéndose a dar seguimiento en los órganos de procuración de justicia por la probable comisión de delitos por esta retención y la atención a solicitudes de proyectos de infraestructura básica que serán planteados al comisionado o comisionada que se designe.