Feministas promoverán remoción de Bernardo Rodríguez de la DDHPO

Flora Gutiérrez, fundadora e integrante de la Red de Abogadas Indígenas; la feminista impulsora a nivel nacional de la iniciativa "3 de 3 contra la violencia", Yndira Sandoval y la diputada de morena, Concepción Rueda Gómez, informaron que buscarán la remoción de Bernardo Rodríguez Alamilla de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Flora Gutiérrez señaló que el pasado 4 de noviembre le solicitaron mediante escrito a Rodríguez Alamilla la declaratoria de inconstitucionalidad a la reforma de la Ley electoral de Oaxaca, con el que se pospone la paridad en municipios de sistemas normativos indígenas.

"En el artículo 105 la Constitución local y en el 113 de la Ley Orgánica de la DDHPO se establece que es responsabilidad de este órgano interponer recursos de inconstitucionalidad cuando una ley vulnere los derechos de las personas", señaló la abogada indígena. La activista Yndira Sandoval dijo que venció el plazo y Rodríguez Alamilla no emitió la declaratoria, con ello -acusó- el defensor se sumó a la cadena de instituciones que cuartaron los derechos políticos de las mujeres que viven en comunidades regidas por sistemas normativos internos.

"Desde un inicio externamos al defensor nuestra preocupación y exigencia para que hiciera su trabajo y emitiera la declaratoria de inconstitucionalidad.

Este jueves nos recibió y no sabía que fenecía el tiempo para la declaratoria. No nos desilusionó, nos violentó", señaló Yndira Sandoval.

La diputada Concepción Rueda Gómez fue enérgica al señalar que buscará en el Congreso la destitución de Bernardo Rodríguez Alamilla de la DDHPO, dijo no saber si contará con el apoyo de las demás fuerzas políticas.

"Tenemos un defensor chambista, trabaja por consiga y antepone su trabajo a los derechos políticos de las mujeres indígenas", señaló. Fue al inicio del mes de noviembre cuando el Congreso de Oaxaca aprobó la modificación legislativa con el que se eliminó la gradualidad establecida en mayo de 2020, la cual establecía como plazo para elecciones en paridad el 2023 en los 417 ayuntamientos que se rigen por ese sistema.