Ante la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Fiscalía General de la República informó que iniciará los procesos penales en contra de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Para los activistas defensores de los Derechos Humanos de los migrantes, como el caso de la Organización Pueblos Sin Fronteras, esto no resuelve la crisis migratoria que enfrenta el país.
"Aunque salga Francisco Garduño, su política y sus acciones van a seguir más allá de Francisco Garduño, tiene que cambiar, porque la verdad tiene que hacerse responsable de lo que hizo, pero no creo que eso resuelva el problema que tiene México", dijo Irineo Mújica, director de esta organización.
Señaló que la actuación del Gobierno Mexicano a través de la Fiscalía General de la República, se debe a las presiones internacionales de organizaciones sociales, por la política migratoria que actualmente se aplica.
"Sí es bajo presión que actúa, y no creo que hay mucha voluntad para un verdadero, porque estos son cambios estructurales, a pesar de que pareciera que López Obrador ha perdido el contacto con la realidad cuando dice que los protege mientras los siguen encarcelando, los siguen persiguiendo y los siguen torturando", comentó el activista.
Además del proceso legal en contra de este funcionario, también se inicio el proceso jurídico a cinco funcionarios públicos, y se han girado órdenes de aprensión en contra de 3 trabajadores del Instituto Nacional de Migración, una para la empresa privada que laboraba en el lugar y una en contra de la persona que inició el incendio.