Este día se inició a nivel nacional la suspensión de actividades por tiempo indefinido en todos los juzgados y tribunales federales, el paro se mantendrá hasta que el congreso instale una mesa de negociación, informó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), mediante un comunicado.
Los manifestantes señalan que la reforma no sólo amenaza la justicia, sino que pone en peligro la seguridad misma de la nación, una justicia independiente, las conversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desmoronará, los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria.
"La justicia se encamina hacia una crisis sin precedente, una que de no ser detenida dejará cicatrices profundas en el tejido social", afirmó la presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, durante el arranque del paro de actividades de manera indefinida.
"Hemos decidido, junto a cientos de personas juzgadoras comprometidas con la justicia, la suspensión de labores jurisdiccionales de manera indefinida en todo el país, a partir de este 21 de agosto, como un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y hasta que ésta sea desechada, para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia, a la que sin duda alguna nos sumaríamos, aseveró que "este intento de concentración del poder en una persona no sólo es una afrenta directa a la independencia judicial sino también un golpe mortal a la democracia por la que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger". "Una reforma legislativa promovida por el Presidente y tramitada por una mayoría parlamentaria amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta el estado de derecho".
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó una circular en la cual informó que "reconoce la situación y toma conocimiento de diversos oficios y avisos de suspensión de labores" con motivo del paro, y que en "aras de preservar el ejercicio del servicio público de impartición de justicia", se atenderán "los casos urgentes". Pero hasta ayer no publicó la lista de juzgados y tribunales que en cada región del país atenderán los asuntos considerados imperiosos.
"Esta reforma no sólo amenaza la justicia, pone en peligro la seguridad misma de la nación, una justicia independiente, las conversiones se verán afectadas, la confianza en las instituciones se desmoronará, los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria. Nos encaminamos hacia una crisis sin precedente, una que de no ser detenida dejará cicatrices profundas en el tejido social", afirmó la presidenta de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, durante el arranque del paro de actividades de manera indefinida.
Subrayó que este intento de concentración del poder en una persona no sólo es una afrenta directa a la independencia judicial sino también un golpe mortal a la democracia por la que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger". "Una reforma legislativa promovida por el Presidente de la República y tramitada por una mayoría parlamentaria amenaza con socavar los pilares mismos sobre los cuales se asienta el estado de derecho", concluyó.