Organizaciones nacionales e internacionales defensores de Derechos Humanos, expresaron su preocupación frente a los hechos de agresión registrados durante la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico, al provocar afectaciones a personas, comunidades y sus representantes ante la lucha por la defensa de sus tierras y de su autonomía.
Entre octubre del 2021 y julio del 2023, se han contabilizado 31 violaciones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las embestidas se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.
Así como de las 200 embestidas incurridas por actos violentos provenientes de las autoridades responsables, destacando la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria.
Existen hechos consumados de desalojos violentos, detención arbitrarias y criminalización en contra de personas defensoras de pueblos como son: Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte y San Juan Guichicovi.
Las víctimas han sido en su mayoría personas y comunidades indígenas mixes, zapotecas, zoques y popolucas. Las agresiones conocidas hasta ahora son: 47 carpetas de investigación en contra de defensores de territorio, 17 de ellas en Mogoñe Viejo, 16 personas por ataques a las vías de comunicación, 18 órdenes de aprehensión por el mismo delito, 7 actos de criminalización, con un total de 52 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias, 11 encarcelamientos, 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance, 10 registros de violencia física, y psicológica.