La poeta Juchiteca Irma Pineda señaló que algunas de las mujeres llegan a cargos políticos como resultado de cuotas de grupo o negociaciones políticas, utilizadas como piezas de ajedrez en las jugadas políticas para dar cumplimiento a las leyes electorales y de paridad de género, mas no por una lucha consciente en pro de los derechos de las mujeres, con lo que se da un incremento de la participación física de éstas en la vida política, pero no un cambio en el panorama local ni nacional y mucho menos en las políticas de género o en la aplicación real de los derechos conquistados por las mujeres.
A casi 69 años de que las mujeres lograron participar por primera vez en un proceso electoral, la realidad es que la equidad de género no se ha logrado a pesar de lo que se tiene establecido en las leyes mexicanas.
Actualmente en Oaxaca de 397 ayuntamientos que se tienen, solo hay 29 presidentas municipales y 368 presidentes municipales, además, de mil 174 autoridades auxiliares pertenecientes a 456 agencias municipales, 562 agencias de policía y 156 núcleos rurales; de los cuales, 63 son mujeres y mil 111 hombres, en el Sistema Normativos Indígenas, de aceurdo a lo reportado por la Secretaría de Gobierno.
En tanto en los municipios donde se elige por el Sistema de Partidos Políticos, 153 alcaldes son hombres y 44 son mujeres, lo que representa únicamente el 28.8%, según datos reportados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
"Es una realidad que en los últimos años hemos avanzado en temas de paridad numérica, muchas de nosotras somos el reflejo de esos avances, sin embargo, tenemos pendientes en torno a la paridad sustantiva", dijo Elizabeth Sánchez González, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO)
En el 2016 las presidencias municipales estaban conformadas por un total del 10.53% de mujeres y un 84.56% de hombres, mientras que en el 2018 el total de mujeres en puestos de presidencias municipales contemplaba el 10.17% de los cuales 3.50% correspondían a municipios regidos por sistemas normativos indígenas y 6.66% por partidos políticos.