La autoridad electoral es el órgano encargado de organizar y vigilar los procedimientos democráticos, así como resolver y perseguir conflictos electorales, un papel clave para el funcionamiento de la democracia moderna.
Sin embargo, los árbitros electorales empezaron a acaparar reflectores por escándalos y señalamientos.
En el caso específico de Oaxaca, la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, determinó inhabilitar por el periodo de 1 año a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y de la encargada del despacho de la Coordinación Administrativa, por incurrir en presuntos "desvíos de recursos y la comprobación indebida" de más de 19 millones 975 mil pesos.
Por su parte, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, informó que continuará en el cargo, ya que la resolución no acredita que las personas señaladas hayan obtenido un beneficio económico a su favor, solo errores administrativos que dan muestra de preferencia ciertas empresas, tema que preocupa a los representantes de partido, ya que no es la primer la primera vez que sucede.
Para muchos, la situación interna del IEEPCO, resalta la necesidad urgente de transparencia y legalidad en los procesos electorales de Oaxaca y pone en duda la capacidad del órgano para conducir elecciones libres y transparentes.
En lo referente al árbitro electoral federal, el INE, reportó que ya se concluyó con la capacitación de las y los mil 247 Supervisores y mil 478 Capacitadores/as Electorales, con la finalidad de darles las herramientas para que puedan enseñar a las y los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla (MDC), los cuales serán 53 mil 478 personas, mismo que aún se busca completar la cifra ante la baja participación.
En Oaxaca, se tendrán que proteger y vigilar la voluntad de más de 3 millones de ciudadanos que tendrán la posibilidad de emitir su voto en alguna de las 5 mil 923 casillas que se instalarán en el estado.
La situación en Oaxaca se suma a una serie de escándalos en otros estados, subrayando desafíos significativos en la gobernanza electoral del país, por lo que vale la pena cuestionar, si ¿nuestros árbitros electorales se encuentran a la altura de la demandan de uno de los procesos electorales más grandes y complicados del país?