Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional por asesinato de personas defensoras de Derechos Humanos, según lo informa EDUCA, en su reciente reporte anual, con 41 personas asesinadas desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2023, seguidos de Guerrero con 29, Michoacán con 18 y Chiapas con 14 casos.
En cinco años, en México registramos 200 atentados a la vida contra personas defensoras, dichas agresiones incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y concuerdan con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según lo informa la Asociación Civil Servicios para una Educación Alternativa.
En este escenario, 176 personas defensoras fueron asesinadas, 20 personas defensoras permanecen en calidad de desaparecidas y 4 aparecieron con vida y se destaca que la seguridad comunitaria es el derecho con mayor riesgo en el país, con 32 asesinatos y 10 desapariciones, producto de la estrategia de seguridad fallida de gobiernos anteriores y gobiernos actuales de los tres niveles, la violencia contra personas defensoras se agrava en contextos de inversión y megaproyectos en el país, principalmente por minería.
La Misión de Observación integrada por 23 organizaciones nacionales e internacionales documentó durante el 2023 las violaciones a derechos humanos contra pueblos y comunidades indígenas en el istmo de Tehuantepec.
La misión señaló que los principales responsables de las violaciones y agresiones contra personas defensoras son la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, aunque también fueron señaladas la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Procuraduría Agraria y autoridades municipales.
Los derechos humanos que fueron violentados y documentados son a la información, a la participación, la libre determinación, al territorio, un medio ambiente sano y a la identidad cultural, a la vida, la integridad, la libertad personal, la libertad de expresión, entre otras.
Del total de los 54 eventos registrados en Oaxaca, destaca la región del Istmo con 46 agresiones que van desde el hostigamiento, criminalización, hasta agresiones físicas y asesinatos.
En el conjunto de agresiones, los principales agresores denunciados son autoridades estatales con el 44% de los casos y autoridades federales con el 22%, en las que la Marina y Guardia Nacional son actores denunciados principalmente en el Istmo en el marco de la imposición del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.