Plaza de cobro Huitzo, negocio que reditúa a manifestantes

La toma de casetas de peaje en el país, se ha convertido para algunos cuantos, en un negocio muy redituable, supuestos grupos sociales, estudiantiles y políticos bajo argumentos de apoyo al movimiento que mantienen en exigencia al gobierno, deciden plantarse en las casetas y realizar ellos el cobro a los automovilistas.

En el estado de Oaxaca una de las zonas que más se ha caracterizado por esta acción ilegal, es la caseta de peaje Huitzo, en inmediaciones de la comunidad de San Pablo Huitzo. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), en ocasiones llegan a ser más de dos los grupos de manifestantes que llegan al día para tomar el acceso a la autopista.

CRUCE VEHICULAR POR HORA

CASETA HUITZO, OAXACA

200 A 300 UNIDADES

PÉRDIDA ESTIMADA

80 MIL

PESOS

En esta vía de comunicación, se calcula un ingreso aproximado de 200 a 300 vehículos por hora en temporadas normales, por lo que de acuerdo a las tarifas oficiales que maneja CAPUFE, en esta caseta es de 90 a 76 pesos en vehículos y 200 a 300 pesos por camión de carga, se estima una pérdida promedio de 80 mil pesos por hora.

Para los manifestantes, que mantienen una tarifa de 50 a 100 pesos de lo que llaman cooperación voluntaria, en este mismo lapso de tiempo y el flujo vehicular, podrían obtener de 10 mil a 20 mil pesos por hora, lo que genera que cada vez más, esta acción se repita.

Lo resaltable del caso, es que, por lo menos para esta zona, no se necesitan grupos números para cerrar una caseta y dar paso libre bajo una cuota a los automovilistas, ya que se han reportado grupos no mayores a 30 personas que se mantienen por algunas horas en esta autopista.

RESPONSABLES DE BLOQUEOS:

ORGANIZACIONES CAMPESINAS

COLONIAS UNIDAS

ESTUDIANTES NORMALISTAS

COMITÉ DE VÍCTIMAS DE NOCHIXTLÁN

Algunos de los grupos que mayormente cometen esta acción se identifican como, organizaciones campesinas, grupo de colonias unidas, estudiantes normalistas e integrantes del comité de víctimas de Nochixtlán.

A pesar de ser un delito federal, que se castiga hasta con 30 años de prisión, la toma de casetas continua y con ello el boteo entre los conductores, generando fugas importantes de ingreso para el gobierno federal, que termina en el bolsillo de algunos cuantos o fondo para financiar manifestaciones en la capital oaxaqueña o en la ciudad de México.