La interrupción del embarazo es legal en Oaxaca hasta las 12 semanas de gestación, convertido en ley desde el 25 de septiembre del 2019 por legisladores del Congreso Local, con el objetivo de garantizar el bienestar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres oaxaqueñas.
De acuerdo con Servicios de Salud de Oaxaca, la entidad registra anualmente un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos, exponiendo la vida de las mujeres que optaban por esta única opción.
Los abortos mal practicados componen la tercera causa de muerte materna en Oaxaca, tan solo en el 2022, se registraron 32 muertes maternas, considerando que 1 de cada 4, corresponde a un aborto mal practicado.
La entidad cuenta con 9 clínicas donde se practica la interrupción legal del embarazo, la mayoría de ellas en la región de los Valles Centrales, destacando el Hospital Aurelio Valdivieso y la Clínica de la mujer, mientras que en el Istmo solo se considera el Hospital Comunitario de San Pedro Tapanatepec.
Los datos oficiales refieren que, desde su legalización en el 2019, al cierre del 2023, se han brindado mil 172 atenciones de aborto seguro, cifra mínima a comparación del universo de 10 mil abortos considerados en los últimos 4 años por los Servicios de Salud de Oaxaca, estimando la ejecución de 2 mil 300 procedimientos clandestinos al año.
Oaxaca tiene un registro oficial 59 defunciones por atención de aborto en mujeres en los últimos 10 años, de 3 a 5 muertes por año, mientras que las colectivas calculan que por cada registro oficialmente, hay entre cuatro y cinco más.
Miles de niñas, niños y adolescentes en México crecen bajo el cuidado del Estado.
Muchos de ellos llegan a esta situación tras haber sido abandonados, víctimas de violencia, negligencia o por la muerte de sus padres. Son menores que, por diversas razones, no pueden vivir con su familia de origen.
La sociedad suele pensar que todos los menores en esta condición serán adoptados y que esa adopción resolverá su situación. Sin embargo, esto está lejos de la realidad.
Aunque la adopción es una opción importante y deseable, representa solo una pequeña parte del universo de soluciones posibles para estos menores. En realidad, una gran parte de ellos no llegan a ser adoptados. En cambio, pasan años en instituciones como albergues o casas hogar, esperando una resolución a su situación legal, familiar o emocional. En muchos casos, ese momento nunca llega.
Con el paso del tiempo, estos menores crecen sin encontrar una familia que los acoja, y cuando cumplen 18 años, el Estado deja de ser legalmente responsable de ellos.
Es entonces cuando deben enfrentar solos la vida adulta, sin un entorno familiar que los respalde, sin redes de apoyo y muchas veces sin las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Un sistema pensado como medida temporal
Según el Sistema Nacional DIF, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes bajo cuidado institucional logran regresar con su familia de origen en algún momento.
Pero para aquellos que no pueden hacerlo, existen cuatro tipos de cuidado alternativo contemplados por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: la reunificación con familia extensa, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial. Todos estos, salvo la adopción, son considerados medidas temporales.
Esto significa que los menores no están destinados a permanecer de forma permanente en estos espacios. El objetivo del sistema es que el cuidado alternativo funcione como una etapa transitoria mientras se logra una solución duradera, idealmente el regreso a un entorno familiar seguro. Sin embargo, esa solución no siempre se alcanza.
Una de las razones es que menos del 20% de los niños en instituciones son susceptibles de adopción. Esto se debe, principalmente, a que no han sido legalmente declarados en abandono o porque sus familias conservan la patria potestad aunque no los cuiden. Mientras no se resuelva su situación jurídica, no pueden ser adoptados, por lo que permanecen por años en casas hogar sin posibilidad de integrarse a una familia.
La vida dentro de una institución
La institucionalización prolongada tiene impactos negativos profundos.
De acuerdo con la UNAM, México no ha atendido adecuadamente la recomendación de la Convención sobre los Derechos del Niño de evitar que los menores pasen largos periodos en instituciones.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), 53 mil 862 menores vivían en centros de este tipo, incluidos más de 22 mil en casas hogar, más de 6,000 en centros de rehabilitación y cerca de 2,600 en albergues para migrantes.
Los efectos de vivir por años en una casa hogar pueden ser graves. Según la UNAM, por cada año que un menor de tres años permanece institucionalizado, pierde cuatro meses de desarrollo. Además, se ha documentado que la violencia en estos espacios es seis veces más común que en los hogares de acogida, y la violencia sexual es cuatro veces más frecuente.
A veces, incluso cuando los niños ya podrían ser adoptados, su situación no avanza debido a obstáculos burocráticos o falta de interés. Es lo que algunos especialistas llaman "secuestro filantrópico": niños que viven en instituciones bajo un enfoque asistencialista, sin planes reales para que puedan integrarse a una familia.
La vida después del sistema
Cuando los menores que han vivido institucionalizados llegan a los 18 años, el Estado deja de tener responsabilidad legal sobre ellos.
En ese momento se convierten en adultos y deben enfrentar por sí mismos decisiones fundamentales: dónde vivir, cómo estudiar, cómo conseguir trabajo o atención médica. Esta transición puede ser sumamente difícil, especialmente para quienes no tienen redes de apoyo ni recursos económicos.
De acuerdo con el sitio Expertos en Leyes, estos jóvenes tienen derecho a continuar con su educación, acceder a servicios de salud, conseguir empleo y encontrar vivienda. También deben contar con apoyo psicológico y emocional para afrontar el cambio. Sin embargo, ejercer esos derechos no siempre es posible. Muchos de estos jóvenes carecen de información, herramientas, acompañamiento o estabilidad emocional.
El riesgo más inmediato es quedarse sin un lugar donde vivir. Aunque existen algunos programas de apoyo, estos no son suficientes para cubrir a todos los jóvenes egresados. Algunos terminan en situación de calle, mientras otros enfrentan pobreza, explotación laboral o incluso problemas graves de salud mental. Sin una red familiar ni institucional sólida, muchos se enfrentan solos a un entorno hostil.
Además, estos jóvenes suelen sentirse aislados y sin rumbo. La soledad, la falta de una comunidad o de alguien que los guíe puede derivar en ansiedad, depresión y, en algunos casos, conductas de riesgo. Muchos no conocen sus derechos laborales o como inquilinos, y no han desarrollado las habilidades necesarias para ser independientes.
A pesar de que existen iniciativas para apoyar a estos jóvenes durante su salida del sistema, siguen siendo esfuerzos limitados. Es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento, que se capacite a los profesionales que trabajan con esta población y que se generen redes de apoyo comunitarias sólidas.
También se requiere una transformación del sistema de adopciones y del enfoque asistencialista que ha predominado hasta ahora.
La niñez institucionalizada y los jóvenes que egresan de casas hogar siguen siendo invisibles para gran parte de la sociedad. Es necesario visibilizar su situación, reconocer sus derechos y construir políticas públicas centradas en su bienestar y desarrollo integral. Garantizarles un futuro digno no debería ser una excepción, sino una prioridad.
Este 1 de mayo, en el cual se conmemoración del "Día del Trabajo", diferentes contingentes, los cuales son confirmados por sindicatos, iniciaron marchas desde varios puntos de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hacia el Zócalo capitalino.
- Trabajadores sindicalizados, Calzada Madero hacia el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, sin paso a la altura de la Iglesia del Ex-Marquesado.
- Trabajadores del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), protestan en la Avenida Universidad en Ciudad Universitaria.
- Trabajadores del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA),: Iglesia de Los Pobres, Col. Reforma.
- Ex burócratas: Escuela Naval Militar en dirección a Plaza Parque, para posteriormente tomar la Calzada Porfirio Díaz hacia el Zócalo.
- Trabajadores del Sector Salud: Fuente de las 8 Regiones.
- Maestros de la sección 22 marchan desde el Crucero de Viguera, al zócalo de la capital.
Estas movilizaciones con grandes contingentes, están generando cortes de circulación, paralizando la zona centro de la capital del estado, por lo que las afectaciones sociales crecen con cada movilización y concentraciones.
El director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA) de Oaxaca, Omar Pérez Benítez, aseguró que a la fecha se encuentra estable la distribución de agua potable, sin embargo, no descartó que en la presente temporada de estiaje podría disminuir hasta en un 10 por ciento la distribución de litros de agua, debido a la reducción en la captación del vital líquido.
Después de afirmar que no hay contratiempos hasta el momento en el servicio de distribución, Pérez Benítez, recordó que las fugas que se presentaron de manera reciente en el cárcamo del tecnológico generó un atraso de seis días, pero ya fueron reparadas.
De la decisión de comuneros de cerrar las válvulas de agua en San Agustín Etla, el director de SOAPA afirmó que como gobierno del estado apuestan por el diálogo y por ahora no actuarán por la vía legal.
